Corinna Larsen ha solicitado a la Justicia británica varias cuestiones en relación al rey emérito español. Por un lado, una indemnización por los costes de su tratamiento de salud mental y por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección», junto a la contratación de «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el objetivo de «poner fin al acoso» que denuncia por parte de Juan Carlos de Borbón. Además, pide una orden de alejamiento del monarca huido hace un año a Abu Dabi por sus negocios turbios.

En la demanda presentada en diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia con sede en Londres, a la que ha tenido acceso Europa Press, Larsen también ha solicitado ser indemnizada por los gastos a los que dice que tuvo que hacer frente para contratar a su personal de relaciones públicas y comunicación para «mitigar los daños causados» a su reputación en la prensa.

Larsen no ha precisado el monto a requerir al monarca español, pero sí ha señalado que espera recibir los intereses correspondientes de conformidad con la ley por el importe y el periodo que el tribunal londinense considere oportuno.

En el marco del escrito en el que deja constancia de su petición, ha subrayado que «ha sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos». Ha insistido, además, en que «ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia» por parte del rey emérito español.

«Difamaciones» para destruir su reputación

La empresaria ha acusado a Juan Carlos de Borbón de tratar de «destruir» su reputación y sustento «difundiendo comentarios difamatorios» en los medios de comunicación, lo que, según ha señalado, le ha causado «angustia emocional y psicológica y depresión» y le ha llevado a perder «varios amigos personales cercanos y socios comerciales».

Según ha remarcado, la actuación que atribuye al rey emérito español le ha generado «pérdidas y daños económicos» por el gasto que ha tenido que asumir para el «tratamiento médico por su ansiedad y angustia», así como por los pagos relativos a los servicios de seguridad contratados para ella, sus hijos y sus residencias en Londres y Shropshire; de ahí que ahora reclame una indemnización al Borbón.

«Se le ha pedido que contrate abogados, asesores de relaciones públicas y medios para mitigar el daño de su reputación, y expertos diplomáticos para acercarse al Gobierno español y su embajada en Londres y a los servicios de inteligencia de Reino Unido», ha remarcado en el escrito.

Orden de alejamiento

Larsen ha pedido la compensación económica en el marco de la demanda, adelantada por ‘Financial Times’, en la que solicita que el rey emérito español no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.

La empresaria alemana ha denunciado que el CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno «bajo vigilancia física, que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores».

Según ha dicho, fue amenazada por el rey emérito español, quien, asegura Larsen, le dijo que las consecuencias para ella «no serían buenas» si no hacía lo que se le dijese. Ha añadido que también recibió amenazas de Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.

En el marco del juicio celebrado en enero en el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid contra el ex comisario de la Policía español José Manuel Villarejo por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa, Sanz Roldán negó de forma taxativa que amenazara a Larsen y a su hijo, si bien rechazó dar cuenta del contenido de dicho encuentro o de si éste tenía como objeto la defensa de la Seguridad del Estado amparándose en la ley.

Según ‘Financial Times’, la semana pasada la defensa de Juan Carlos de Borbón aún no había respondido a la reclamación, aunque aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un ex jefe del Estado que no vive en Gran Bretaña.