El acuerdo entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, anunciado este pasado lunes para ampliar el aeropuerto del Prat, en Barcelona, ha provocado la respuesta social y política de numerosas organizaciones que consideran el proyecto poco sostenible y perjudicial para el medioambiente.

La inversión de 1.700 millones de euros fue anunciada por la ministra española de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y cuenta con el aval del vicepresident del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró. Durante el encuentro del pasado lunes, el propio vicepresident declaró que con esta ampliación «Catalunya tendrá un aeropuerto intercontinental» y garantizó que el acuerdo será respetuoso con el medioambiente, aunque no explicó de qué forma afectará a la laguna de la Ricarda, en el delta del río Llobregat, espacio protegido que se vería en peligro con la ampliación.

Concretamente, el plan contempla la ampliación de una de las tres pistas, requerimiento de AENA para que el aeropuerto catalán pase a operar 90 vuelos por hora frente a las 80 operaciones habituales antes de la pandemia. Esta obra permitiría el aterrizaje de grandes aeronaves, aunque a su vez ocuparía el actual espacio de la Ricarda.

«La ampliación es ilegal, innecesaria y responde a los intereses privados de AENA, los grandes capitales inmovilizados y del turismo masivo, con un alto coste social y medioambiental. Ellos dan por hecho que habrá una ampliación, nosotros que nos encontrarán en pie de lucha», ha anunciado la Plataforma por el decrecimiento del puerto y el aeropuerto de Barcelona, Zero Port, en su cuenta de Twitter. Esta plataforma, junto a la Xarxa per la Justícia Climàtica, ha organizado una movilización para el próximo 19 de setiembre contra «la especulación, destrucción y precariedad» que supone el acuerdo entre gobiernos.

Según datos de Zero Port, la ampliación aumentará un 33% las emisiones de CO2 del aeropuerto del Prat, en un momento en el que el Ayuntamiento de Ada Colau ha restringido la entrada de coches a la capital catalana con el objetivo de reducir los gases contaminantes.

Respuesta ecologista

El acuerdo de ampliación del aeropuerto ha despertado críticas de asociaciones y partidos de distintos ámbitos. El mismo lunes, la CUP calificó como «atentado ecológico y climático» la obra, y pidió en el Parlament que el president Pere Aragonès y el vicepresident Puigneró comparezcan para explicar los pormenores del acuerdo.

A su vez, el diputado de Unidas Podemos por Araba en el Congreso español y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, considera que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona «no es una decisión correcta» en una situación de «emergencia climática», y apuesto por avanzar hacia la reducción de las emisiones.

Otras organizaciones que han mostrado su rechazo han sido el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), la Plataforma de vecinos del Prat de Llobregat Ni un pam de terra, Ecologistes en Acció de Catalunya, Seo/BirdLife o la asociación por la defensa del patrimonio natural Depana, así como Greenpeace.

Además, la Comisión Europea (CE) recordó al Estado español que los países de la UE deben comprobar el impacto ambiental de la construcción de grandes proyectos con impacto medioambiental «que puedan tener un impacto sobre las aguas, la tierra o los hábitats naturales». «Hemos visto la información sobre la construcción de las nuevas instalaciones en el área de Barcelona», dijo en una rueda de prensa la portavoz comunitaria Vivian Loonela.

Asimismo, los Verdes del Parlamento Europeo han criticado este miércoles los planes de ampliación y han pedido a la CE que se oponga al proyecto, exigiendo a los gobiernos catalán y español que «tomen las medidas necesarias para promover una mayor protección del delta» y el espacio protegido de la Ricarda.