En lo que alguna vez fue un maizal, una mujer, que perdió el rastro de su hijo hace casi un año, se topa con patrullas, cintas de protección y un militar que controla el ingreso.

«¡Contésteme! ¿Usted tiene hijos? ¿No le dolería? (...). Yo quisiera nomás un hueso de mi hijo descansando al lado de mi esposo, saber que es de mi hijo», insiste la madre al soldado, a quien no logra sacar de su silencio.

La Bartolina está a unos kilómetros de la ciudad de Matamoros (fronteriza con Estados Unidos), azotada por la violencia del narcotráfico y otras bandas del crimen organizado.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), órgano oficial que coordina el rastreo de los desaparecidos, cataloga el sitio como «campo de exterminio» por la cantidad de gente que se cree fue asesinada e incinerada ahí.

La madre -quien evita dar su nombre- no está segura de que los restos de su hijo se encuentren en este lugar. Pero decidió acudir al saber que también lo haría un colectivo de madres y familiares que realiza sus propias búsquedas ante la «ineficiencia» de las autoridades.

Vía de paso de la droga hacia Estados Unidos y de indocumentados, Tamaulipas registra 11.835 desaparecidos, cifra solo superada por los 14.870 casos del estado de Jalisco (oeste). En total México contabiliza 95.121 desaparecidos, según cifras oficiales que se difundieron el viernes durante la primera visita al país del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.

El fenómeno de los desaparecidos y las fosas clandestinas no es nuevo en México ni en América Latina, donde las víctimas se cuentan por decenas de miles desde hace décadas a causa de dictaduras, guerras de guerrillas y la delincuencia organizada.

Sin embargo, el problema en México se agravó desde 2006 cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una ofensiva militar que no ha logrado doblegar a los cárteles.

Desde entonces, México ha registrado 300.000 asesinatos, atribuidos en su mayoría a organizaciones dedicadas a múltiples delitos como narcotráfico, contrabando de armas, secuestro, extorsión, tráfico de migrantes y robo de combustible, conocido como «huachicol».

«El crimen organizado sigue siendo una causa principal» de la violencia, dice Laura Atuesta, del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La desaparición entre particulares está «vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado"» recalcó a mediados de noviembre el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno, Alejandro Encinas, ante el Comité de la ONU.

Un 75% de las víctimas son hombres y 25% mujeres, mayoritariamente jóvenes, según la CNB. Muchos se ven atrapados en la pobreza que toca al 43,9% de la población, unos 55 millones de personas.

En las zonas de conflicto entre policía y cárteles, niñas son secuestradas para la trata de personas, un drama retratado en el filme "Noche de fuego", de la cineasta méxico-salvadoreña Tatiana Huezo, presentado en los festivales de Cannes y San Sebastián este año.

Carta al Cártel

Un sol de plomo castiga La Bartolina. María Isela Valdez, de 58 años y quien encabeza el colectivo de las madres en búsqueda de sus hijos, se enfada con las fuerzas de seguridad que le impiden el paso.

«¿Por qué la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina no estuvieron aquí cuando los trajeron, los masacraron, los torturaron, los enterraron y los quemaron?», cuestiona la mujer, quien busca a su hijo Roberto, secuestrado en la vecina Reynosa en 2014.

María Isela dirige el grupo junto con su hija Delia, de 38 años.

En junio de 2019, la madre se arrodilló frente al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador clamando ayuda; en julio pasado su hija pidió en un comunicado al Cártel del Golfo -uno de los que domina la zona- una «tregua"»para poder entrar a La Bartolina.

Tras ese escrito, plantes en la fiscalía y oficios para conseguir seguridad, Delia y su madre lograron llegar.

«Estamos aquí para que la autoridad haga su trabajo, porque si nos vamos, ellos no hacen nada», señala Delia a la AFP, luego de conseguir autorización para que las integrantes del colectivo puedan aguardar bajo una carpa información de los hallazgos.

La jornada es lenta y agotadora, con temperaturas de hasta 40 grados centígrados apenas atenuados por la ligera brisa de un cuerpo de agua. En la espera se escuchan serpientes deslizándose entre los árboles y arbustos espinosos.

La zona además está asediada por criminales. De hecho, la segunda jornada de trabajo terminó antes de lo previsto por enfrentamientos entre policías y pistoleros en Matamoros. Las investigaciones allí tardarán hasta un año.

Un sistema sin respuesta

«Las familias (...) se siguen enfrentando a un sistema que no les da respuesta"» admite Karla Quintana, titular de la CNB, activada en 2018.

Pese a señalar avances, Quintana recuerda que en México 98% de los delitos quedan impunes y que en las morgues hay miles de cuerpos sin identificar porque las fiscalías están desbordadas.

«El gran problema están siendo las fiscalías», sostiene Quintana, que a fines de septiembre reveló el hallazgo de otro «campo de exterminio» cerca de Nuevo Laredo (Tamaulipas).

Al final de su visita el viernes, el Comité de la ONU denunció un ambiente de «impunidad», así como «ineficacia» y «discrecionalidad» en las búsquedas. Un centenar de personas han desaparecido durante los 10 días de estancia del Comité en México, según un miembro de la delegación.

El presidente López Obrador reconoce que el problema de los desaparecidos es la «herencia más dolorosa» que enfrenta su gobierno, que comenzó en diciembre de 2018, y promete luchar contra la impunidad.

Desde marzo de 2019 «se han realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con los familiares, 2.300 jornadas de búsqueda», según el subsecretario de Derechos Humanos.

Ayotzinapa, una excepción

De manera general esas desapariciones suscitan indiferencia en la sociedad mexicana, acostumbrada a convivir con la violencia. En contraste, el caso de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur), causó gran indignación dentro y fuera de México.

Desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 tras ser detenidos por policías aliados con narcotraficantes, y solo han sido identificados restos de tres de ellos.

Tampoco están claros los motivos del crimen, ocurrido cuando los normalistas se apoderaron de un autobús para participar en una protesta. Según una de las hipótesis, el vehículo habría estado cargado con droga del cártel Guerreros Unidos, sin que los jóvenes lo supieran.
Asesinada en la búsqueda

La AFP también observó labores de búsqueda en la ciudad de Hermosillo (Sonora), donde cada semana Milagros Valenzuela se arma de palas y picos para encontrar a sus hermanos Alejandro y Marco Antonio, desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente.

En esas jornadas, ella y el colectivo que dirige van resguardadas por policías estatales. El temor está más que fundado: en julio su compañera Aranza Ramos, de 28 años y que buscaba a su esposo Brayan Celaya, fue asesinada a balazos en su domicilio en la cercana Guaymas.

No se sabe si el asesinato está vinculado al trabajo de búsqueda de la joven. La oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió a México que investigara el caso.