Bruselas ha dado a conocer un proyecto de etiquetado «verde» largamente esperado para las empresas propietarias de centrales nucleares y de gas, que incluye estas instalaciones dentro de la categoría de «sostenible» y como elementos de lucha contra el cambio climático.

El texto propuesto, debatido durante meses y aún provisional, ha sido enviado a los Estados miembros el 31 de diciembre, poco antes de la medianoche.

La Comisión «inició ayer (por el viernes) las consultas sobre un proyecto de texto» que permite incluir «determinadas actividades gasistas y nucleares» en su taxonomía verde, ha confirmado el Ejecutivo europeo en un comunicado.

El documento establece los criterios para calificar como «sostenibles» las inversiones en centrales nucleares o de gas para la producción de electricidad, con el objetivo de orientar las inversiones privadas hacia estas actividades, bajo el argumento de que contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero.

La UE se ha planteado el objetivo de neutralidad de carbono para 2050.

Alemania y Austria se oponen

La propuesta llega cuando países como Alemania se han planteado el cierre de las centrales nucleares para 2022. De hecho, con el fin de año, ha apagado tres de sus instalaciones.

Sin embargo, Berlín sí es favorable a que las inversiones en gas natural reciban la etiqueta «verde» durante la transición.

En cambio el Estado francés, que quiere relanzar su industria nuclear, y países de Europa central, como Polonia o la República Checa, que prevén reemplazar sus centrales eléctricas de carbón, presionan para que la Comisión Europea dé su bendición «verde» a la energía nuclear y de gas.

Y ello a pesar de que las exigencias técnica y de seguridad ponen en cuestión la continuidad de estos proyectos, incluso en el pronuclear Estado francés.

Formar parte de esta clasificación permite una reducción de los costes de financiación, lo que es fundamental para los proyectos en cuestión y los Estados que deseen apoyarlos.

Los ecologistas se oponen al reconocimiento como «verdes» las centrales de gas (que emiten CO2) y la energía nuclear, por la producción de residuos radiactivos peligrosos durante largos períodos de tiempo, y porque también emite CO2 si se tiene en cuenta su ciclo completo, desde la minería del uranio, el enriquecimiento o la construcción de las centrales a su mantenimiento y desmantelamiento,

Y un pequeño grupo de países, incluidos Austria y Luxemburgo, liderados por Alemania, abogan también por que la energía atómica no sea valorada como «sostenible».

El plan de la Comisión de incluir el gas y la energía nuclear en la taxonomía es «un error», ha advertido la ministra de Medio Ambiente de Alemania, Steffi Lemke.

La tecnología nuclear «que puede conducir a devastadores desastres ambientales –en accidentes severos– y (...) deja tras de sí grandes cantidades de desechos altamente radiactivos y peligrosos, no puede ser sostenible», ha subrayado.

Pero tanto los pro-gas como los pro-nucleares sostienen que las energías renovables (eólica, solar, etc.), ya etiquetadas por la Comisión, sufren de una producción intermitente y, por sí solas, no cubrirán las necesidades de electricidad de los actuales ritmos de consumo y crecimiento económico.

Condiciones de Bruselas

La propuesta de Bruselas establece las condiciones para la inclusión de la energía nuclear y del gas, en particular un límite de tiempo.

Para la construcción de nuevas centrales atómicas, los proyectos deben haber obtenido el permiso de construcción antes de 2045. En cuanto a las obras que permitan extender la vida útil de las centrales existentes, deben haber sido autorizadas antes de 2040.

También se requieren garantías en términos de tratamiento de residuos y desmantelamiento de instalaciones nucleares al final de su vida útil.

En cuanto al gas, calificado como «fuente de energía de transición», las inversiones serán reconocidas como «sostenibles» para las centrales que emiten poco CO2. La Comisión ha establecido umbrales drásticos: menos de 100 g de CO2 por kWh, un umbral inalcanzable con las tecnologías actuales según los expertos.

Sin embargo, está previsto un período de transición: las centrales que obtengan su permiso de construcción antes del 31 de diciembre de 2030, verán elevado este umbral a 270 g de CO2 por kWh a condición de sustituir infraestructuras existentes mucho más contaminantes y que cumplan una serie de requisitos.

Los Estados miembros y los expertos consultados por la Comisión tienen ahora alrededor de dos semanas para solicitar cambios en este documento. La publicación del texto final está prevista para mediados de enero.

Luego, durante un período de cuatro meses, el Parlamento Europeo tendrá la posibilidad de rechazarlo por mayoría simple de votos. Teóricamente, el Consejo Europeo también podría oponerse, pero necesitaría reunir a 20 Estados miembros, lo que parece fuera de su alcance.