El Foro Social Permanente ha querido poner en negro sobre blanco sus objetivos para este 2022 y los ha presentado en una rueda de prensa este viernes. Sabido es que víctimas, presos y memoria son los tres nudos a desatar que advierten, una década después de Aiete y con la convivencia como horizonte, pero en esta ocasión Nekane Altzelai y Agus Hernán han remarcado una de esas tres cuestiones: ven necesario un «reseteo» colectivo que supere discriminaciones y ampare a todas las víctimas.

Hernán ha saludado que «hemos terminado 2021 generando las condiciones necesarias para cerrar definitivamente la cuestión de los ‘ongi etorris’» (cabe recordar el comunicado de EPPK de finales de noviembre zanjando el asunto) y ahora «toca dar pasos resolutivos en superar las expresiones de discriminación que también sufren otras víctimas: las víctimas del Estado».

Ha apuntado aquí aspectos positivos como el inicio de vías de reconocimiento y reparación o «la unanimidad política construida en lo referente al derecho de todas las víctimas -y decimos bien, de todas- a la verdad, la justicia y la reparación, un avance inimaginable hace escasos años». No obstante, ha admitido acto seguido que «este reconocimiento tiene el riesgo de quedarse en algo teórico, vacío de contenido, si no se da un ‘reseteo’ colectivo». Y lo ha ejemplificado en dos detalles.

Por un lado, «hoy es el día en que, en el subconsciente colectivo, persiste la idea de que cuando se habla de víctimas se piensa en las víctimas de ETA y no en las del GAL, de la tortura o de las diversas policías. Esto es una expresión de discriminación que ha calado como sirimiri». En segundo lugar, el Foro recuerda «expresiones mucho más brutales» de discriminación, «como la falta de reacción y amparo institucional y político ante la filtración de las grabaciones sobre la bomba que acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa, las declaraciones de Rafael Vera, Ramón Jáuregui y Villarejo, o la condecoración por parte del Ministerio del Interior con una medalla pensionada a un policía condenado en 1994 por violar derechos humanos una década antes». Y concluye que tales cosas «no habrían sido toleradas si hubiesen hecho referencia a víctimas de ETA. Y así tiene que ser».

Agus Hernán ha denunciado que la cuestión de los «casos sin resolver» en este ámbito de la violencia estatal «está fuera de la agenda pública». Y ha recordado el «sabor agridulce» que está dejando la ley de reconocimiento y reparación de la CAV. Desde la propia experiencia del Foro, «desde el primer encuentro de trabajo con 18 víctimas realizado el 19 de marzo de 2019, siempre han trasladado en público o privado esa sensación profunda de abandono, de ser víctimas de segunda categoría y de permanente revictimización».

Nuevo plazo y Ley de Secretos

¿Cómo solventar este déficit evidente? Para el Foro Social Permanente, «las instituciones, los partidos políticos y los medios de comunicación tienen una obligación de ejemplaridad». En la práctica, plantea reabrir el plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento en la CAV, «acompañándolo de una verdadera campaña de información y dotando de más medios a la Comisión de Valoración». Y también «liberar el acceso a los archivos, modificando en este sentido la Ley de Secretos Oficiales» (las últimas filtraciones dejan claro que el PSOE va a forzar una apertura muy restringida en el mejor de los casos).

«Si entendemos que todas las víctimas son de todos y de todas, de toda la sociedad, si debemos ampararlas a todas, entonces debemos avanzar en la superación de las dinámicas cruzadas de discriminación todavía existentes. Y para ello es necesario empatizar, respetar y hacer nuestro, como sociedad, el sentimiento de lo sucedido que cada una de las víctimas pueda tener», ha concluido Hernán.

Presos y memoria

A las otras dos grandes cuestiones pendientes se ha referido Nekane Altzelai. Por lo que atañe a las personas presas, ha considerado que este 2022 debe suponer la repatriación de todas ellas y resolver otros dos «debates nucleares»: «La superación de la todavía excepcionalidad penitenciaria en cuestiones como los permisos en segundo grado, la evolución a tercer grado y el acceso a las libertades provisionales; y la definición de un itinerario de reintegración fundamentado en la Justicia Restaurativa, acordado con todos los actores institucionales y políticos, incluidas las propias personas presas, que defina los pasos a dar dentro de las cárceles y el acompañamiento institucional en el momento de la libertad provisional y el fin de condena».

«En las últimas semanas estamos pidiendo a los actores que sepan leer el momento actual y superen las inercias»

En cuanto a la memoria, el Foro Social Permanente plantea para el año recién comenzado «la construcción de una memoria crítica inclusiva, superando la crispación que genera el debate interpartidario de la batalla del relato, con amplio eco mediático. Sin duda, se trata del nudo más difícil de desatar», entiende. Al respecto, recuerda los «Diálogos improbables», un ciclo que el Foro puso en marcha en diciembre con la idea de aportar a la salida de ese laberinto.

Todo ello se plantea con el horizonte de «sentar las bases para una convivencia democrática», en la línea de la propuesta presentada en el Artium de Gasteiz el 6 de diciembre, donde el Foro abogó por un pacto social e institucional que la facilite.

Altzelai y Hernán han recordado que se parte este año de «una mejor situación, que toca ahora consolidar», tras los avances del décimo aniversario de Aiete y la decisión de ETA. «Es por ello que estamos pidiendo a los actores que sepan leer adecuadamente el momento actual y, dejando de lado intereses partidistas, superen las inercias de un pasado reciente que todavía siguen existiendo», han revelado.