A convocatoria de la red ciudadana Sare, este viernes se han celebrado Iruñea y Algorta –localidad natal de Iñigo Gutierrez– sendas movilizaciones para denunciar que la Audiencia Nacional española ha obligado a volver a prisión al padre de la pequeña Izadi, apenas tres semanas después de recibir el tercer grado por unanimidad en la cárcel de Aranjuez.

Desde entonces, tanto Sare como la plataforma ‘Izadi Gurasoekin Etxera’ han denunciado en reiteradas ocasiones que el caso tiene, en términos humanitarios, una gravedad extra por la situación de Izadi, que el 23 de enero cumplió tres años y se vio obligada a abandonar la prisión en la que vivía con su madre, María Lizarraga. El tercer grado permitía que Izadi estuviera con su padre, pero la decisión de la AN la ha dejado en la calle y sin apoyo materno y paterno.

Como ya hicieron el jueves en una concentración en Burlata, de donde es oriunda Lizarraga, Sare y la plataforma ‘Izadi Gurasoekin etxera’ han criticado con dureza la decisión del tribunal especial, que «obstaculiza camino hacia la convivencia» y «supone mantener vigente una política penitenciaria de excepción».

Han recordado, en este sentido, que el de Gutierrez no es el único caso, ya que lo mismo les ha ocurrido a Jon Crespo y, anteriomente, a Unai Fano. Sin embargo, han resaltado que este es, si cabe, más grave al quedar Izadi privada de poder estar con su padre y con su madre.

«Nos encontramos –han explicado– ante una clara actitud de obstaculizar el cambio hacia la aplicación de la legislación ordinaria. Una actitud que únicamente responde a criterios ideológicos y políticos que, evidentemente, nos llevan al pasado».

Por ello, han trasladado a la Junta de Tratamiento de la cárcel de Basauri «la petición de que, si considera que el preso Iñigo Gutierrez está en condiciones de acceder al tercer grado y tiene claro que, como hasta ahora, puede seguir incorporado al mundo laboral, actúe en consecuencia y, una vez más, analice y ratifique la progresión de tercer grado».