La Junta de Castilla y León ha reconocido la «legalidad» de las iniciativas puestas en marcha por los ayuntamientos de Trebiñu y Argantzon para su integración en Araba, por lo que ha cerrado el expediente que había abierto contra los acuerdos adoptados por los dos consistorios el pasado diciembre.

Entonces, ambos plenos municipales aprobaron un acuerdo en el que se adoptaban iniciativas como poner en marcha una mesa conjunta de trabajo y una campaña de comunicación para impulsar esa demanda, al mismo tiempo que llamaban a la ciudadanía a «acompañar y organizarse en la promoción de esta demanda».

Unos días después, la Junta de Castilla y León requirió la anulación de este acuerdo municipal, al estimar que se había producido «una infracción del ordenamiento jurídico».

Lejos de acatar, los ayuntamientos replicaron que su iniciativa tiene perfecto encaje legal en «la disposición transitoria tercera relativa a la segregación de enclaves», que recoge, entre otras condiciones, el derecho y al mismo tiempo la obligación de los consistorios de solicitar dicha segregación mediante un acuerdo plenario.

Ante esta constatación, la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León ha resuelto reconocer la legalidad de la iniciativa y retirar su solicitud de que se anulen los acuerdos municipales.

El alcalde de Argantzon, Pablo Ortiz de Latierro, se ha felicitado por esta decisión y ha insistido en «el derecho que tenemos los y las vecinas de Trebiñu y Argantzon por abrir y explorar todas las vías necesarias para avanzar en la integración de Trebiñu en Araba». Al mismo tiempo, ha remarcado que«este sinsentido solo se resolverá cuando se dé la palabra a la ciudadanía del enclave para que decida libremente su futuro».