Para finales de junio está previsto que acabe el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y, eventualmente, llegue al hemiciclo para ser votado. Es la famosa propuesta del ministro español de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para consolidar el sistema de pensiones a largo plazo, aunque sea considerada por muchos un verdadero asalto al mismo y una forma de privatización parcial.

Hace un mes, la enmienda a la totalidad del Bloque Nacionalista Galego sólo obtuvo 25 votos favorables de ERC, EH Bildu, CUP, Más País y Compromís. El proyecto sigue su derrotero en las Cortes Generales, un anhelo de muchos agentes políticos y económicos que aspiran hace décadas a la privatización de las pensiones, un negocio que beneficiará a bancos, compañías de seguros y fondos de inversión.

Cabe recordar que ya a principios de la década de los 90, el Banco Mundial publicaba su primer reporte recomendatorio del trasvase de las pensiones al sector privado, a pesar del fracaso de modelos ortodoxos, como el caso del Chile de Pinochet.

Una transferencia al sector privado

El preámbulo de la ley declara dos metas. La primera, facilitar el ahorro para la vejez especialmente entre las rentas medias y bajas y los jóvenes, y generar recursos para invertir y aumentar la capacidad productiva. Con ese objetivo, propone la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública y depósito y gestión privadas.

Como señala en una columna de opinión el economista Xabier Pérez Davila, miembro del Movemento Galego pola Defensa das Pensións, en el Estado español existen dos millones de cuentas en planes de pensiones de empleo. En 2020, en dos de cada tres cuentas no se ingresó ni un solo euro, y casi el 60% de las aportaciones fueron ingresadas por el 6% de las personas partícipes, según datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Estado.

En concreto, el ministro Escrivá propone con su proyecto desviar fondos públicos en dos vertientes. Por un lado, que las empresas hagan aportaciones a planes de empresa de capitalización cotizando a cambio hasta 400 euros anuales menos por trabajador en la Seguridad Social. En el segundo caso, las aportaciones a los planes se deducirán de la base imponible del IRPF. Esto provocaría que se reduzcan los ingresos por cotizaciones sociales al sistema público para nutrir fondos privados y además, que se reduzcan los ingresos por impuestos de las administraciones públicas para nutrir las comisiones de las entidades financieras.

Los socios de investidura de Pedro Sánchez ya han advertido de esta situación. De hecho, el diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo señaló a GARA durante una manifestación de pensionistas que las exenciones fiscales que pretende el proyecto supondrían pérdidas para el Estado de 830 millones de euros y, en el caso de que el plan funcionara en máximos, podría llegar a suponer un agujero de hasta 4.000 millones de euros.

«Es un rasgo de la economía actual dejar soluciones en manos del mercado financiero. Está pasando con el acceso a la vivienda, con la energía y ahora con las pensiones, el objetivo es crear soluciones de mercado para la gestión de parte de esos recursos públicos frente al sistema de reparto», señala en conversación con GARA el economista e investigador de la Universidad Carlos III, Juan Laborda.

Las exenciones fiscales que pretende el proyecto del ministro Escrivá supondrían pérdidas para el Estado de 830 millones de euros, aunque podrían llegar a los 4.000 millones

Por su parte, el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, estructura de investigación de la Universidad de Barcelona, ha presentado una carta pública con consideraciones sobre el proyecto. Entre ellas, critica que no respete el artículo 16 del Pacto de Toledo aprobado por el Congreso (que exige que este tipo de leyes sean resultado de consenso social y político) y que no contemple el aval ni de la patronal ni de los sindicatos.

Además, sobre las exenciones fiscales, el Observatorio cree que deben comportar una factura fiscal equitativa y un coste fiscal equilibrado para el Estado, teniendo en cuenta que, a mayor renta disponible, mayor capacidad de ahorro y, en consecuencia, posible concentración de los beneficios fiscales en este grupo de contribuyentes.

«Los argumentos no se cumplen»

Laborda dice que su oposición al proyecto no es por que no esté per se a favor del fenómeno de la financialización (derivar en el mercado financiero las soluciones), «sino que los argumentos que utilizan los neoclásicos como Escrivá no se cumplen. Es un problema muy profundo, creen que esto va a generar bienestar a las generaciones futuras y no es así».

«Ellos aseguran que la transición del sistema público de reparto a otro financiero tendrá un efecto positivo al dotar a las generaciones futuras de mayor capital, lo cual nunca se ha dado en ningún caso. Dicen que así los fondos se van a destinar a inversiones de activos y aumentará la productividad, y eso no se cumple. Piensan que el ahorro genera inversión y esa relación causal es al revés, la inversión genera ahorro», subraya.

El profesor de la UCIII considera que, más allá de las discrepancias ideológicas que se pueda tener con la «financialización más de un derecho básico» que plantea Escrivá, «lo que hay que atacar es su argumento económico, que está errado».

«Y esto mismo lo sostienen los burócratas de Bruselas, que son los verdaderos líderes del fundamentalismo de mercado, no los estadounidenses. Su argumento es falso, porque dicen que el sistema público de reparto está finiquitado, y el problema es el contrario, son los problemas que vienen por aplicar lo que ellos plantean. Los sistemas de pensiones privados han debido ser rescatados, como ocurrió en Suecia. No son más eficientes y también es falso que la inversión en capital de los fondos aumente la renta per cápita de los ciudadanos», recalca.

«Los sistemas de pensiones privados han debido ser rescatados, como ocurrió en Suecia. No son más eficientes», señala el economista e investigador de la Universidad Carlos III Juan Laborda

Laborda destaca la paradoja de que quienes defienden esta privatización de pensiones consideran que el sistema público «tiene problemas que pretenden resolver imponiendo una forma de gestionar que se fundamenta, curiosamente, en las hipótesis que nos han llevado al problema».  Una suerte de bucle neoliberal en el que el mismo virus pretende venderte su medicamento.

«No puedes poner al zorro a vigilar las gallinas», afirma, y advierte de que además hay problemas colaterales en los fondos de pensiones privados que ya han aparecido en otras oportunidades, «como las burbujas de activos (ejemplo en materias primas y también sistema eléctrico), o los períodos de contracción económica», en los que los aportes se derrumban.

El problema real que afecta a las pensiones en el Estado español para Laborda es otro: «Básicamente, hay un estancamiento del crecimiento de los salarios, una desigual distribución de la renta y una ausencia de inversión productiva y caída de la productividad. El problema son las condiciones económicas. El origen está en la concentración empresarial y la financialización de todo. Si resuelves esto unido a inversión de capital de desarrollo, lo solucionas».