«Si bien los Estados tienen el derecho de investigar y perseguir los actos de corrupción, así como de mantener informada a la población especialmente cuando se trata de un expresidente del Gobierno, estas acciones deben llevarse a cabo de una manera justa y respetando las garantías del debido proceso», ha indicado este jueves el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, fue investigado en 2016 por su presunta vinculación con la mayor trama de corrupción en el país, en el marco de la operación ‘Lava Jato’.

La investigación, dirigida por el exjuez del Tribunal Penal Federal Sergio Moro –posteriormente formó parte del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro–, destapó episodios de corrupción entre la petrolera estatal Petrobras, algunas empresas constructoras y varios políticos brasileños.

Durante el proceso judicial en el que Lula estuvo inmerso, el juez Moro autorizó al fiscal la intervención del teléfono personal del expresidente, así como de sus familiares. Según afirma el Comité de Naciones Unidas, estas escuchas fueron filtradas a la prensa antes incluso de que el fiscal presentara formalmente los cargos, en lo que se identifica como una «clara violación a su derecho de la intimidad».

También se emitió una orden de detención para interrogar a Lula que igualmente fue revelada a la prensa, que tomó fotos en las que aparentemente el expresidente era detenido, en otra vulneración de su derecho a la libertad personal.

Condenado a 12 años de cárcel

Una vez concluido el juicio, Lula fue condenado a nueve años de prisión en julio de 2017 y seis meses más tarde el Tribunal Federal amplió su pena a 12 años.

El expresidente comenzó a cumplir su condena en abril de 2018, mientras sus apelaciones estaban pendientes, y se le denegó el derecho político a presentarse como candidato a las elecciones federales que se celebraron en octubre de ese mismo año.

En 2021 el Tribunal Federal dictaminó que el exjuez Moro actuó «arbitrariamente» y anuló su condena. El 8 de noviembre de aquel año, Lula recuperó la libertad después de haber pasado 580 días en la cárcel.

«Aunque se anuló la condena y el encarcelamiento de Lula en 2021, estas decisiones no fueron suficiente oportunas y eficaces para evitar o reparar los abusos», ha indicado el Comité de Derechos Humanos.

Este organismo ha exigido a Brasil que garantice el cumplimiento de las garantías de debido proceso en juicios futuros, incluidos los que pudiera encarar el propio Lula.

Una decisión «histórica» para la defensa de Lula

La defensa del presidente brasileño ha calificado de «decisión histórica» la conclusión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

«Esta es una decisión histórica. Una victoria no solo del presidente Lula, sino de todos aquellos que creen en la democracia y en el Estado de derecho», ha manifestado el abogado Cristiano Zanin, el jefe del equipo responsable de la defensa del exmandatario, en una rueda de prensa en Sao Paulo.

Según Zanin, la decisión del Comité de la ONU refuerza el argumento de que Lula «no tuvo derecho a un juicio justo e imparcial» y fue, además, «privado indebidamente de participar en las elecciones de 2018».

«El presidente Lula jamás perdió su estado de inocencia. Fueron siete años de una persecución política, arbitraria y asimétrica, que debe ser reparada. Y corresponde al Gobierno brasileño, en 180 días, decir cómo irá a repararla», ha comentado.

El año pasado, el Tribunal Supremo Federal anuló todas las penas que pesaban contra Lula debido a irregularidades jurisdiccionales y ordenó reiniciar los juicios en tribunales de Brasilia, que ya han archivado todos los procesos.

Esa decisión permitió que recuperara sus derechos políticos y, con ello, la posibilidad de volver a aspirar a la Presidencia brasileña, algo que se plantea para las próximas elecciones de octubre. Según los sondeos, Lula se perfila como el claro favorito para los comicios, con una intención de voto cercana al 45%, ante el 30% que obtendría Bolsonaro.