El Parlament ha exigido hoy la «imprescindible» dimisión de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, por sus posicionamientos públicos sobre el espionaje político al independentismo, una reclamación que ha contado con apoyo de ERC, Junts y la CUP, y la abstención de los comunes.

El hemiciclo catalán ha aprobado íntegramente esta mañana una moción de ERC en la que se «condena firmemente el ciberespionaje masivo mediante el programa Pegasus que han sufrido 65 personas vinculadas con el independentismo», un punto que han apoyado todos los partidos independentistas y En Comú Podem.

También se pide la máxima información y transparencia por parte de las autoridades competentes del Gobierno, impulsar una comisión de investigación en el Congreso y que se asuman «las responsabilidades políticas necesarias».

En ese sentido, el Parlament considera que «las declaraciones de la ministra de Defensa reconociendo y justificando el espionaje masivo a disidentes, políticos, abogados y sociedad civil son impropias de una democracia plena y comprometida con los derechos humanos», por lo que el Parlament ve «imprescindible su dimisión», punto aprobado en el que los comunes se han abstenido, mientras que PSC, Cs, Vox y PP han votado en contra.

Por otro lado, la Cámara catalana se compromete a impulsar todas las iniciativas parlamentarias necesarias para ayudar a esclarecer la situación, además de impulsar la vía del derecho de petición ante el Parlamento Europeo, que buscaría reclamar las herramientas necesarias para evitar el espionaje en estados.

El Parlament también ha instado al Gobierno a modificar la ley franquista de Secretos Oficiales y regular el control externo e independiente de las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia.

Y el PSC se ha sumado también a los puntos que instaban a la Generalitat a «velar por la preservación de derechos y libertades civiles, políticas e ideológicas de la ciudadanía, y de las personas a las cuales se les haya vulnerado», además de reafirmar el «compromiso democrático con la defensa y protección de derechos de la ciudadanía», punto al que también se ha sumado el PP.