El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles tramitar con la máxima urgencia la proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que garantizará la presencia del catalán en las escuelas. Se aprobará aprobada este viernes.

PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem alcanzaron ayer martes un acuerdo para impulsar una nueva ley que prevé reafirmar el catalán como «lengua vehicular» en las escuelas y, a la vez, reconoce el castellano como lengua de «uso curricular», sin fijar porcentajes y dejando margen de decisión a los centros educativos.

El acuerdo llegó justo una semana antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25% de clases en castellano.

En el inicio del pleno de este miércoles, ha sido aprobada una ampliación del orden del día para poder debatir esta propuesta.

Los 105 votos de PSC, ERC, JxCat y los comunes –frente a los 28 votos en contra de Vox, CUP, Cs y PP– han permitido aprobar la tramitación de la propuesta en lectura única, lo que hará posible la aprobación de la nueva ley este próximo viernes.

En el debate parlamentario, la diputada de PSC Esther Niubó ha reivindicado que el acuerdo «rompe la política de bloques» y contribuye a «cumplir» la sentencia judicial del 25% al reconocer el castellano como «lengua de aprendizaje» sin mermar el uso del catalán como lengua vehicular.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha celebrado que se haya podido «reconstruir el consenso» y «evitar las injerencias judiciales que quieren imponer porcentajes sin ningún sentido» y ha invitado a la CUP a sumarse al acuerdo.

La portavoz parlamentaria de JxCat, Mònica Sales, ha destacado que el consenso alcanzado permite «dejar de lado la sentencia» del 25% dictada por una «justicia altamente politizada», que «solo quiere debilitar el catalán», pese a ser «una lengua minorizada».

La líder parlamentaria de los comunes, Jéssica Albiach, ha advertido a los detractores de la inmersión que «no conseguirán» acabar con este modelo y ha reclamado al Govern que impulse una estrategia para fomentar el uso social del catalán.

En contra de la ley se ha mostrado la diputada de la CUP Dolors Sabater, que ha denunciado que independentistas, «socialistas» y comunes «adaptan la legislación a la sentencia del 25%» y «convierten la sentencia en ley»: «Quien está legislando no son los diputados. Son las togas».

El presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha denunciado el «fraude» de independentistas y PSC, como «cooperador necesario» que «vuelve a traicionar a sus votantes», y ha avanzado que emprenderá «acciones penales contra quienes desobedezcan las sentencias».

«Está a unos escasos minutos de dar un paso que no tiene retorno: sumarse a las astucias y a las jugadas maestras independentistas para sortear la ley», ha advertido el líder del PP, Alejandro Fernández, al primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Sindicatos y plataformas rechazan el acuerdo

Varios sindicatos de docentes y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han rechazado la proposición de ley presentada por ERC, Junts, En Comú Podem y PSC y que define el castellano como lengua de «uso curricular» en la educación porque «representa un aval político a la sentencia del 25%» de castellano.

En un comunicado conjunto, los sindicatos Ustec, COS, Intersindical, CGT y SEPC, han alertado de que el acuerdo político «representa el fin de un modelo que representa la cohesión y el derecho de todo el alumnado a tener acceso a la lengua catalana».

Además, han denunciado que la propuesta «se ha dictado sin ningún criterio pedagógico» y que «abre la puerta a que la presencia del castellano y del catalán venga determinada por los centros educativos».

Las formaciones también han criticado que la proposición «agravará la segregación escolar existente» además de que «da toda la presión a los centros educativos, directores y docentes».

Por todo ello, los sindicatos han hecho «una llamada al conjunto de la comunidad educativa y de las entidades de defensa de la lengua para construir una respuesta colectiva a la sentencia» en «defensa de la escuela pública y en catalán y de protección de los centros y docentes».

De esta misma forma, la plataforma Pública i en català, formada por los sindicatos Ustec·Stes, Intersindical-CSC, COS, CGT y el SEPC, ha considerado que la proposición de ley «representa un aval político a la sentencia del 25%» de castellano.

En un comunicado, la plataforma ha asegurado que el acuerdo «representa el fin de un modelo que persigue la cohesión y el derecho de todo el alumnado a tener acceso a la lengua catalana».

«Abre la puerta a que la presencia del catalán y el castellano venga determinada por los centros educativos y agrave la segregación escolar», algo que, además, pone presión en las direcciones y docentes, en su opinión.

Además, opina que la proposición «parte del mismo marco» que la modificación de la ley de política lingüística que presentaron los mismos partidos en marzo –si bien Junts se descolgó– y que se hizo, apunta, excluyendo a la comunidad educativa.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa y a las entidades en defensa del catalán «a construir una respuesta colectiva a la sentencia, de defensa de la escuela pública y en catalán y de protección de centros y docentes».