La asociación Alda ha llamado a una concentración este 30 de junio, en el momento en el que un funcionario judicial debía ir a atestiguar la situación respecto a un apartamento de Bokale, en el que el dueño quiere desalojar a una familia que reside allí, sin respetar los plazos legales para ello. El ujier judicial cuando ha conocido la situación de la mano de los miembros de la asociación se ha marchado sin ejecutar el trabajo para el que había sido requerido.

Alrededor de 35 miembros de la asociación Alda se han reunido frente al edificio en el que se encuentra el piso, y también se han situado en las escaleras mientras subía el ujier con carteles en los que se podía leer en euskara y en francés: «Vivir en Euskal Herria durante todo el año» o «Contratos de alquiler fraudulentos, vale ya».

Los militantes han explicado la situación al funcionario que tan solo ha podido confirmar que los arrendatarios no han dejado el apartamento, y no, realizar la certificación de la situación de la vivienda, tal y como se le había requerido.

El alcalde de la localidad Francis Gonzalez, y el Partido Comunista han mostrado su apoyo la familia.

Contrato fraudulento

El propietario, el día de la firma del contrato de alquiler el 26 de febrero del 2022, forzó a una pareja con un niño de 3 años a firmar también un contrato fechado el 30 de mayo del mismo año en el que se indicaba que dejarían el lugar el 30 de junio. Tratándose este de un procedimiento ilegal, la familia informó al dueño el 21 de mayo que no se marcharían del piso hasta la finalización legal del contrato de alquiler, el 25 de febrero del 2023.

Este jueves ha enviado a un ujier oficial, un funcionario público que depende del Ministerio francés de Justicia, para que hiciese una constatación oficial del estado del piso. Pero este último ha dejado el lugar sin realizar la tarea.

A pesar de ser ilegal, Alda ha denunciado que se trata de un procedimiento común, ya que así los dueños alquilan dichas residencias durante el año a personas residentes en Lapurdi, sobre todo en la costa, y en verano lo hacen a los veraneantes por días o semanas, a mayor precio.

También negociaciones amistosas

La asociación ha informado, que estas últimas semanas está negociando de manera amistosa alrededor de 60 alquileres fraudulentos, para evitar que sus residentes sean expulsados. En ese sentido, han detallado que el 29 de junio han impedido que expulsaran a una persona gravemente enferma, y que han hecho lo propio este mismo jueves con otro procedimiento en Baiona.

También han declarado que es posible que este tipo de acciones se repita, en los casos en los que los dueños traten de obligar a los arrendatarios a firmar contratos fraudulentos.

Estos últimos meses sus acciones se están concentrando en la denuncia de la situación fraudulenta que obliga a los residentes en Ipar Euskal Herria a dejar sus viviendas alquiladas durante los meses del verano, como el campamento improvisado ante la subprefectura de Baiona.

En este sentido, también denuncian el cambio del parque de alquiler en la costa vasca, donde gran parte de los apartamentos que antes se alquilaban a las personas residentes en el territorio, ahora se utilizan para alquileres en plataformas como Airbnb.

Gracias a sus acciones, como la ocupación de un piso alquilado por Airbnb en Biarritz, ahora hay un mayor control de los dueños que usan la plataforma para alquilar sus residencias sin declararlos oficialmente. Tanto ayuntamientos como el del Biarritz, como la plataforma internacional, ahora tienen un mayor control, de este tipo de situaciones.

Se trata de una asociación, que tal y como su nombre indica en euskara, trata de cambiar la situación, ligada a los intereses de la población, de las personas y medios de los barrios populares.