Más que inesperado, el cese del director de la prisión de Iruñea era algo «esperadísimo». Así lo ha manifestado a NAIZ Libertad Francés, coordinadora de Salhaketa en Nafarroa, quien afirma tener constancia de que distintas voces habían puesto en cuestión el desempeño de Soto desde hace años.

Soto fue prácticamente el primer director del penal iruindarra desde que se trasladó a las lomas de Santa Lucía desde la Plaza del Juez Elío, en el centro de la ciudad. El traslado fue en 2012 y él entró a los pocos meses. 

«En lo personal, este es el tercer director que me ha tocado. Y ha sido el peor», se sincera Francés. «Mantenía siempre una interpretación superestricta de las directrices de Instituciones Penitenciarias y nunca a favor de las personas presas», prosigue. 

A modo de ejemplo, la coordinadora de Salhaketa cita su actitud siempre reacia a actividades donde se mezclaran a personas presas de ambos sexos. Y denuncia que su asociación han vivido también bloqueo injustificado de materiales. «Siempre ha remado muy en contra de lo que se entiende como tratamiento penitenciario», resume. 

En cuanto a la concesión de permisos, esa actitud del director de ir siempre contra el preso se ha hecho particularmente evidente. Salhaketa constata de casos de personas a las que se les había concedido el permiso y habían regresado a la prisión sin generar ningún problema a los que luego se les negaba una segunda autorización. 

La asociación, que trabaja en favor de presos de toda condición, afirma que la interlocución con Soto ha sido siempre muy complicada y que había instaurado unas normas particularmente duras durante la pandemia. 

Desde la asistencia jurídica a presos vascos, la noticia se entiende como positiva, pero su postura es más prudente. Aseguran que está por ver que el cambio en la dirección traiga un cambio de paradigma. 

Así, recuerdan que lo fundamental sigue siendo que se acabe con el bloqueo de las últimas semanas. Por tanto, será determinante que su sustituto acabe con la herencia de Soto y transiten hacia otro modelo donde prime el respeto hacia los derechos más fundamentales de los presos y la aplicación de aquellos mecanismos penitenciarios que los garantizan.