El fiscal Diego Luciani ha solicitado una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su etapa como presidenta, entre los años 2007 y 2015. Ha pedido, además, que sea inhabilitada a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.

El Ministerio Público, que presentó su petición el lunes, estima en 39 millones de euros la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que ha pedido 10 años de cárcel.

«Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes», señala el fiscal, que incide en que Fernández «interpuso su interés personal sobre el interés público».

Ha solicitado volver a declarar

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter ha anunciado que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales «montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».

He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

«Los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal», ha comentado este martes Fernández, para luego lamentar que no le hubieran permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le hayan rechazado la ampliación de la misma.

«No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita», ha comentado en un discurso emitido a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado, del que es presidenta.

Alberto Fernández: «Un día muy ingrato»

Tras conocer la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, señaló en un comunicado que «hoy es un día muy ingrato» para alguien como él, con experiencia en Derecho, y transmitió su «afecto y solidaridad» a Fernández.

El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de la vicepresidenta sobre la existencia de una «persecución judicial y mediática» contra ella, alegando que «ninguno de los actos ha sido probado» y que hay un intento de poner la Justicia «al servicio de los poderes fácticos».

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de setiembre y que la sentencia se conozca en diciembre. Previsiblemente, un hipotético fallo condenatorio daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.

Manifestaciones a favor y en contra

Durante la noche del lunes al martes, grupos a favor y en contra de la vicepresidenta se han manifestado en Buenos Aires, a las puertas del edificio donde tiene su residencia, en el barrio de Recoleta.

Hasta allí han llegado primero personas opositoras al Gobierno, que han celebrado la decisión del fiscal Luciani de solicitar en su alegato final que el tribunal la condene a 12 años.

Más tarde han llegado personas afines a la expresidenta y ambos grupos han comenzado a cruzar insultos. Rápidamente se han desplegado fuerzas policiales, momento de tensión en el que se registraron algunos forcejeos con los efectivos de seguridad.

En un mensaje en Twitter, Cristina Fernández acusó a la Policía de la ciudad de Buenos Aires, que responde al Gobierno del alcalde Horacio Rodríguez Larreta –opositor al Ejecutivo estatal–, de reprimir a quienes se acercaron a manifestarle su apoyo frente «a los insultos de un grupo de energúmenos» alineados con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

«Jamás ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos. Ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta», ha señalado la vicepresidenta.