Según estimaciones de la Comisión Europea, el transporte genera cerca del 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que evidencia su carácter decisivo en la lucha contra el cambio climático.

En el Estado español, el pasado año se aprobó la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que contempla una serie de medidas en materia de movilidad, entre las que destaca la exigencia a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que adopten las medidas necesarias con el fin de alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

A tales efectos, uno de los instrumentos más importante introducidos por esta norma es la obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes de contar, antes de 2023, con planes de movilidad urbana sostenible que contribuyan a reducir las emisiones, incluyendo, entre otras medidas, el establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE).

Con el fin de «dar un toque de atención» a los responsables municipales, miembros de Greenpeace «inauguraron» en el arranque de la Semana Europea de la Movilidad zonas de bajas emisiones en 18 ciudades del Estado español, entre ellas Bilbo, Gasteiz e Iruñea. Voluntarios de esta organización, equipados con una cinta, pancartas y carteles informativos, emularon el estreno de estos espacios que restringen el tráfico a motor dentro de un perímetro determinado.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, establece la obligación de instalar, antes del 1 de enero de 2023, un punto de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento en los aparcamientos de edificios públicos y centros comerciales.