Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Araba la vista contra los diez acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública, al tener sexo pagado con menores tutelados del centro Sansoheta.

En el inicio de este juicio tres de ellos han reconocido los hechos, han mostrado su arrepentimiento, se han comprometido a no reincidir y han aceptado las penas que les ha impuesto el tribunal tras el acuerdo de conformidad, que serán recogidas en una sentencia posterior.

Uno de los tres acusados ha aceptado una pena de 13 años y 4 días de cárcel por dos delitos continuados de corrupción de menores y otros dos delitos de abuso sexual, uno de ellos continuado. Además se le ha impuesto libertad vigilada durante 5 años tras salir de la cárcel.

El segundo de los acusados ha aceptado una condena de 7 años y 2 días de cárcel por un delito continuado de corrupción de menores y otro de abuso sexual continuado. También se le impone libertad vigilada durante 5 años tras cumplir la pena de cárcel.

El tercero de los procesados que ha alcanzado un acuerdo de conformidad ha sido condenado a un año y un día de cárcel por un delito de corrupción de menores y a 3 años de libertad vigilada.

A la hora de acordar las penas se ha reconocido la atenuante muy calificada de reparación de daño.

El tribunal, con el acuerdo del resto de las partes personadas en la causa, Fiscalía y acusaciones particular (Diputación de Álava) y popular (Asociación Clara Campoamor), ha decidido dar por concluido el juicio para estos tres acusados.

Sigue para otros siete

La vista continúa para los otros siete para quienes la Fiscalía pide penas que suman cerca de 200 años de cárcel.

En cuanto a la condena de uno de estos siete procesados, la acusación y la defensa han llegado a un principio de acuerdo. Por ello, se ha postergado la declaración de éste a primera hora de la próxima sesión, el miércoles.

Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Gasteiz, que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores y ahora se va a adecuar para personas con discapacidad intelectual.

En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Araba que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor como acusación popular que reclama penas que oscilan entre 3 y 29 años de cárcel para los acusados.

En las cuestiones previas a las declaraciones, la defensa ha pedido al tribunal la nulidad del informe fotográfico de las víctimas argumentando que los menores fueron coaccionados para sacar dichas fotografías, y que, según han dicho, la negativa de los menores no consta en acta. Finalmente, el juez Jesús Poncela ha aclarado que esas pruebas se utilizarán durante el juicio y será en la sentencia donde se decida si son válidas o no.

Acusados han argumentado que contactaron mediante una web en que se requiere ser mayor de edad y que por tanto no sospecharon que fueran menores

En sus respectivas declaraciones, varios de los acusados han argumentado que, como la página web de contactos mediante la que supuestamente contactaron con los menores requiere que los usuarios sean mayores de edad, «no sospecharon» que pudieran ser menores.

Uno de ellos ha declarado que pedía el DNI a aquellos con los que se citaba y que decían tener entre 18 y 20 años, para asegurarse de que eran mayores de edad. Así, ha dicho que en el caso de uno de los menores con el que se le acusa de haber mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero, vio que tenía más de 18 años.

Otro ha asegurado que, después de que el menor con el que quedó le dijera que a finales de ese mes cumpliría la mayoría de edad, esperó a que cumpliera los 18 para volver a citarse y entonces mantener relaciones sexuales.

Uno de los imputados ha asegurado ante el tribunal que en ningún momento pensó que el chico con el que quedó pudiera ser menor de edad por cómo se desenvolvía: «Era él quien tomaba la iniciativa».

Otro de ellos, que, según ha declarado, tampoco sospechó que la víctima fuera menor de edad, ha reconocido que le entregó dinero a cambio. Sin embargo, preguntado por la cocaína que supuestamente consumieron, ha explicado que no fue parte del acuerdo.

La fiscal jefe de Araba, Carmen Cotelo, que instruyó este caso como juez de menores, ha recordado a los acusados que las declaraciones de este lunes no se ajustan a lo que en su día relataron en la instrucción.

Cinco días de juicio

La sesión de este lunes ha sido pública, mientras que la del próximo miércoles, en la que declararán el último de los acusados y las víctimas, se celebrará a puerta cerrada. Han asistido varios medios de comunicación, además de apenas un par de personas como público.

Después de la sesión del miércoles, se continuará con las testificales de las víctimas el jueves, también a puerta cerrada, las testificales de la Ertzaintza al día siguiente y, finalmente, las periciales el día 3 de octubre.