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EH Bildu Gasteiz pide que se prohíba la contratación de STOA, implicada en el ‘caso De Miguel’

El Supremo ha impuesto un año y medio de prisión al administrador único de STOA por su participación en trama corrupta liderada por Alfredo de Miguel. EH Bildu ha pedido que se incluya prohibición de contratar este firma en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas y en el ROLECE.

Los imputados en el ‘caso De Miguel’, en una de las sesiones del juicio. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)
Los imputados en el ‘caso De Miguel’, en una de las sesiones del juicio. (Jaizki FONTANEDA/FOKU)

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz ha reclamado que se incluya la prohibición de contratar a STOA en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la CAV y en el ROLECE estatal.

Así lo ha solicitado en un ruego presentado en la Comisión de Sociedades Públicas, donde ha recordado que STOA tiene como administrador único a Sergio Fernández Oleaga, condenado en el ‘caso De Miguel’. El Tribunal Supremo le ha impuesto una pena de un año y seis meses de cárcel y 3.586 euros de multa por falsedad documental y cohecho.

«Con esta sentencia, desde EH Bildu consideramos necesario pedir que a la mayor brevedad posible se prohiba la contratación con una empresa condenada por corrupción», ha señalado la edil de EH Bildu Rocio Vitero, quien ha recordado que la sociedad pública AMVISA adjudicó dos contratos a STOA, cuando dicha empresa ya estaba siendo investigada por corrupción.

Y ha recodado que el propio Ayuntamiento ha tenido contratos con dicha empresa. «Desde EH Bildu pedimos que se paralizase la licitación hasta conocer la sentencia en firme. Sin embargo PNV y PSE desestimaron la solicitud y dio vía libre al proceso de licitación. Ahora, con sentencia firme no hay lugar a dudas, este Ayuntamiento debe ser tajante frente a la corrupción», ha recordado.

Según ha explicado, la prohibición para contratar es una fórmula administrativa que tiene por objeto impedir que las administraciones cierren contratos con personas que «vulneren bienes jurídicos protegidos como la honorabilidad, la honradez, o la objetividad del cuerpo de trabajadores públicos sujetos a un régimen de incompatibilidades».

La Ley de Contratos del Sector Público establece los supuestos de prohibición de contratar y regula la competencia, el procedimiento y los efectos de esta prohibición; y, en palabras de EH Bildu, «este caso los cumple».