El año pasado, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la CAV, Arantxa Tapia, anunció que el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables sería una realidad en agosto de 2023. Sin embargo, en enero pasado señaló que la aprobación del documento se demoraría año y medio. Este viernes ha dado una nueva fecha, al indicar que su objetivo es que «podamos llegar a marzo de 2024 con este PTS en vigor».

Tapia ha realizado estas declaraciones en respuesta a una interpelación formulada por el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero durante la sesión de control, celebrada en la Cámara de Gasteiz, donde ha culpado de los retrasos al procedimiento administrativo, afirmando que el estudio ambiental estratégico del documento de avance se emitió en abril de 2022, cinco meses más tarde de lo previsto.

No obstante, los retrasos en el PTS que, como ha reconocido la propia consejera, tiene por objetivo «organizar el territorio», no han impedido que el Ejecutivo autonómico haya avanzado en la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables, como son los parques eólicos previstos en Labraza y Azazeta, que han recibido una Declaración de Impacto Ambiental positiva.

«Los permisos que estamos dando tienen en cuenta todas las herramientas de protección del territorial y medio ambiental. No hay ni desamparo, ni incertidumbre», ha aseverado ante las críticas de Otero, que ha hecho hincapié en que solo hay dos explicaciones al retraso en la aprobación del nuevo PTS, cuya aprobación estaba contemplada en la Ley de Sostenibilidad Energética: «O nos ha mentido o hay un problema de incompetencia».

Otero ha alertado de que «puede haber un interés en no aprobar el PTS, porque hay mucho alboroto sobre la zonificación». «No hacen esto, siguen adelante y sacan unos proyectos polémicos», ha censurado, al tiempo que ha recordado que instituciones gobernadas por el PNV y PSE, como son las diputaciones de Bizkaia y Araba, han presentado alegaciones a los planes eólicos y solares de Lakua, cuestionados por su impacto en tierras de alto valor estratégico.

«Fragmentación artificial»

«Hay una sensación generalizada, no ya de los movimientos de oposición, sino de las diferentes administraciones, de desamparo, de que las cosas no está resueltas y de que las cosas se están haciendo a salto de mata, aprovechando este ínterin de barra libre», ha añadido Otero, que ha advertido de un «posible fraude de ley», por la «fragmentación de proyectos». Una «fragmentación artificial de proyectos para que todo quede en casa». 

A este respecto, ha explicado que hay dos proyectos, Vitoria Solar 1 y Vitoria Solar 2, de 49,9 megavatios (MW). Según ha indicado, el objetivo es que no lleguen a los 50 MW para que «no los tenga que tramitar Madrid». Así, «el promotor es el Gobierno Vasco a través del EVE, y el órgano que resuelve ambientalmente esto también es el Gobierno Vasco, cuando resulta que son un mismo proyecto, que comparte la zona, la línea de evacuación y la subestación».

La consejera ha rechazado esta idea y ha afirmado que hay «muchísimas infraestructuras que utilizan la misma subestación y las mismas líneas, y por eso no dice que se han fragmentado».

Montes de Gasteiz

Cabe señalar que el movimiento Arabako Mendiak Aske también ha alertado de la fragmentación en los parques eólicos de Azazeta y Laminoria, instalaciones criticadas por su afección a una parte de los Montes de Gasteiz, una zona que, en opinión de Gustavo Angulo, de Elkarrekin Podemos-IU, debería haber sido declarada Parque Natural, como reclama el Ayuntamiento de la capital alavesa. 

En su respuesta, Tapia ha indicado que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Montes de Gasteiz «no establecía cuál debía ser la medida y la figura» de protección.

«Me da la impresión de que pretenden utilizar de forma inadecuada procedimientos definidos en el conjunto de la UE en un momento de emergencia climática, y están tratando de pervertir un instrumento de protección ambiental, devaluando ante la sociedad pública cualquier instrumento que protege la diversidad, la flora y la fauna, con el el objetivo de prohibir una determinada instalación», ha concluido.