Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el Congreso peruano ha dado luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación contra el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras ser destituido y encarcelado, por lo que, ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.

El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de «organización criminal agravada» por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.

El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.

Cuatro horas de debate

Durante la exposición del expediente, el congresista Diego Bazán, del partido derechista Avanza País, ha destacado los «elementos de convicción», según ha dicho, «muy reveladores», entregados por el Ministerio Público sobre la supuesta existencia de una «organización criminal» en el aparato estatal.

Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, ha resaltado el respeto al debido proceso, así como su «independencia, imparcialidad y legalidad», y acusó a Castillo y a su defensa de realizar acciones «dilatorias y obstruccionistas».

Durante su intervención virtual, el abogado del expresidente, Eduardo Pachas, ha solicitado sin éxito que Castillo pueda ejercer su derecho a la defensa de manera presencial ante el pleno y ha calificado de «absurda» la acusación, insistiendo en que el Congreso no ha observado los decretos cuestionados y dio la confianza a los gabinetes que tuvieron a los exministros imputados, por lo que ha pedido el archivo de la denuncia.

Tras reclamar que se archive la denuncia contra el exmandatario, ha sido el turno de la defensa de Silva, pero la participación de su abogado ha sido rechazada por no haber sido acreditado con anticipación, mientras que el exministro Alvarado ha enviado un oficio al Parlamento en el que se allanaba a que se apruebe la acusación constitucional para que la Fiscalía pueda continuar y formalizar la investigación.

Durante el debate, que se ha extendido por unas cuatro horas, han tomado la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que ha lucido prácticamente vacía.

Castillo cumple una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva dictada tras su destitución el 7 de diciembre pasado por «permanente incapacidad moral». El Congreso designó en su reemplazo por sucesión constitucional a su vicepresidenta, Dina Boluarte, desde entonces, la crisis política y social que ya vivía el país se ha agravado con incesantes protestas, que han dejado decenas de muertos.