La consejera de Gobernanza pública, Olatz Garamendi, ha acudido al Parlamento de Gasteiz para, a petición de Vox, dar «explicaciones sobre las autorizaciones concedidas a cinco ex altos cargos del Ejecutivo para trabajar en empresas privadas», de las que se comenzó a informar a partir de los datos ofrecidos por NAIZ sobre el ex director general de la SPRI, Alexander Arriola, y a los que durante toda la sesión se han sumado este lunes las menciones a la noticia, también de este medio, sobre una docena de cargos a los que el Gobierno de Lakua ha permitido ejercer trabajos privados sin haber realizado la pertinente petición de informe de compatibilidad.

Lejos de hacer cualquier tipo de autocrítica, Olatz Garamendi –a la que acompañaba el viceconsejero de Función Pública, José María Armentia– ha acudido a la Cámara a denunciar lo que ha definido como una «caza de brujas» contra el Gobierno. Ha añadido que «la carga de la prueba corresponde a quien acusa» y ha instado a «los que ven irregularidades a que acudan a los tribunales», pero se ha respondido a sí misma que no lo harán porque «si atisbaran el mínimo indicio de ilegalidad, ya lo habrían hecho».

En más de una ocasión ha repetido que no se puede hacer doctrina jurídica en los medios y ha acusado de «falta de rigor» a algunas de las informaciones que ha leído en los últimos días, aunque no ha concretado más.

El funcionamiento del Registro

En una lectura parcial de la ley, Garamendi ha subrayado lo evidente y que nadie ha puesto en cuestión, que los ex altos cargos no tienen prohibido trabajar los dos años siguientes a su cese, salvo que haya mantenido una «relación directa con la empresa durante su anterior desempeño». Pero ha tratado de pasar sobre ascuas en que también todos ellos tienen la obligación de presentar durante los dos años posteriores al cese una solicitud de compatibilidad. Y lo que estos días ha quedado claro es que no todos ellos lo han hecho, sin que el Servicio de Registro de Personal, haya detectado nada. Lo que a su entender no supone un mal funcionamiento del organismo.

La consejera ha insistido en que la ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, quien «designó al Registro de Personal para que se encargara con plena autonomía de la gestión de los asuntos implicados en los expedientes de compatibilidad y de las obligaciones que al respecto tuvieran los cargos públicos». Por ello, ha incidido en que este servicio actúa sin interferencias de los cargos políticos.

Ceñirse a unos casos

La consejera, con la ayuda del presidente de la comisión y del ABB, José Antonio Suso, ha querido ceñirse en su comparecencia únicamente a los casos objeto de la convocatoria. Los cinco casos conocidos en que altos cargos públicos obtuvieron permiso para fichar por empresas privadas. Olatz Garamendi ha añadido que se han dado otros dos permisos, que se conocerán en la próxima publicación de las listas.

Según la consejera, de los siete casos puestos en conocimiento de Registro de Personal, en seis de ellos, tras realizar los trámites pertinentes, decidió elevar una resolución favorable. No ha respondido a cómo en algunos casos la persona afectada estuviera ya contratada a las 48 horas de su cese, ni cómo se puede decir justificar el pase a una empresa en permanente relación con el Departamento del consejero, la viceconsejera y la directora finalmente fichadas. Garamendi asegura que está todo tasado y no ha ofrecido más explicaciones.
 
Sin más explicaciones sobre el ex director de la SPRI

En cuanto al caso del ex director general de la SPRI, Alexander Arriola, que en 24 horas pasó a una empresa con la que la sociedad pública había tenido relación, cabe recordar que el martes 1 de marzo el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, informó de que había solicitado el informe y que, por razones que la consejera Olatz Garamendi explicaría, no se le había respondido, con lo que pudo pasar a su nuevo cargo.

Garamendi solo ha dicho que, en este caso, el responsable del Servicio de Registro de Personal, ejerciendo su autonomía, decidió no elevar propuesta de resolución del expediente. Siendo esto dudosamente legal, no ofreció más explicaciones. Tampoco cuando desde varios grupos se le pidió datos sobre otros cargos por los que ha pasado en los dos años siguientes a su cese.

Sobre la mesa ha quedado la duda expuesta por el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, sobre si no se le respondió porque no era posible concederle la compatibilidad, por la existencia de vínculos y contratos de la SPRI con la empresa Eurocybcar a la que pasó.

Intereses cortoplacistas ajenos al bien público

La consejera se ha quejado de que «por motivos ajenos al interés general, haya quien ahora pretenda prescindir de todo el sistema y pretenda exigir, directamente, responsabilidades políticas a todo el Gobierno», señalando que «no cabe caza de brujas alguna».

Y respaldada en sus afirmaciones por los portavoces de PSE y PNV, Olatz Garamendi ha hecho una declaración que su departamento ha definido como «fuera del interés cortoplacista en torno a este asunto». Ha apuntado que «si queremos que las personas cargos públicos sean lo más duchas posibles en la materia sobre la que van a asumir una responsabilidad; si, además, sometemos a las personas, no solo al sano ejercicio del control político, sino al más absoluto escarnio y juicio público; y si, finalmente, prohibimos a estas personas desempeñar una labor en el ámbito del que provienen, o en cualquier otro ámbito del sector privado… ¿En qué clase de páramo quieren convertir ustedes a la Administración Pública?».

Josu Estarrona le ha expuesto que la mayoría de los cargos que han pasado a la empresa –como es el caso del exdirector general de la EJIE, Alex Etxebarria– no han vuelto a la empresa en la que estaban, sino que han dado un salto de trampolín. Pero la consejera no ha querido entrar en ello ni en nada relacionado con este o cualquier otro caso concreto.