La consejera de Gobernanza pública, Olatz Garamendi, acudió ayer al Parlamento de Gasteiz para, a petición de Vox, dar «explicaciones sobre las autorizaciones concedidas a cinco ex altos cargos del Ejecutivo para trabajar en empresas privadas», de las que se comenzó a informar a partir de los datos ofrecidos por GARA y NAIZ sobre el ex director general de la SPRI Alexander Arriola. A ello se sumaron durante toda la sesión las menciones a la noticia, también de este medio, sobre una docena de cargos a los que el Gobierno de Lakua ha permitido ejercer trabajos privados sin haber realizado la pertinente petición de informe de compatibilidad.

Lejos de hacer cualquier tipo de autocrítica, Olatz Garamendi –a la que acompañó el viceconsejero de Función Pública, José María Armentia– acudió a la Cámara a denunciar lo que definió como una «caza de brujas» contra el Gobierno. Añadió que «la carga de la prueba corresponde a quien acusa» e instó a quienes ven irregularidades a que acudan a los tribunales, pero se respondió a sí misma que no lo harán porque «si atisbaran el mínimo indicio de ilegalidad, ya lo habrían hecho».

En primer lugar, cabría preguntar quién está realizando una «caza de brujas» en este caso, si aquel que ofrece informaciones respaldadas por las propias fuentes abiertas del Gobierno, o quien responde con acusaciones vagas contra los medios sin precisar dónde ha estado su supuesta «falta de rigor».

En cuanto a la deriva iniciada por el lehendakari en los plenos de control de pedir a quienes denuncian irregularidades que acudan a los tribunales, cabe responder de la misma forma. Si el Gobierno se cree víctima de una «caza de brujas» en base a «falacias», como las definió el portavoz del PNV, tiene más medios que otros para acudir a los jueces.

Inventarse la acusación

Uno de los recursos aplicados en la manipulación de los debates es el de atribuir al interlocutor una idea que no ha pronunciado y después refutarla. La consejera Olatz Garamendi fijó ayer una base en la comparecencia: «No es cierto que la ley imponga una prohibición general después del cese de un cargo público para que pueda incorporarse al mercado de trabajo en una empresa privada».

«La única prohibición es la de no poder incorporarse a la empresa privada con la que el cargo público haya mantenido una relación directa durante su anterior desempeño».

Por supuesto que es así. Pero es que nadie ha dicho otra cosa, al menos desde esta página. Lo que ocurre es que para saber si un cargo público va a incorporarse a una firma con la que ha mantenido una relación debe hacer la declaración de que va a ser contratado y obtener una respuesta.

Todos deben preguntar y a todos se les debe responder

Este deber de preguntar y responder abre una doble línea de análisis sobre la comparecencia de ayer de la consejera. En un momento, Olatz Garamendi afirmó que «el Gobierno actúa como dice la norma, ¿no? O sea, la norma nos está diciendo que cuando hay un cese de actividades, la persona responsable, el alto cargo, deberá de remitirse al registro, etc».

Y de ahí pasó a que «luego hay un ámbito también del ámbito subjetivo de cada persona e individual, ¿no?, que puede interpretar eso a los efectos de hacer su declaración o no; no lo perdamos de vista».

Legalmente, esto no es así. Hasta tres artículos de la ley (18.5; 19.1; 20.1c) dejan claro que todos los cargos y para todas «las actividades privadas que vayan a realizar, durante los dos años posteriores al cese en el cargo público» deben tener declaración expresa de compatibilidad o incompatibilidad. Es decir, quien decide si alguien es o no compatible con lo que vaya a hacer en el sector privado no es uno mismo, sino que debe tener una «declaración expresa».

Este medio informó ayer que había encontrado al menos una docena de cargos que no habían realizado esta consulta. Preguntada ayer sobre cómo es posible el Registro no hubiera encontrado nada y si pensaba que funciona bien, cuando ni siquiera ha visto nombramientos publicados en boletines oficiales, Garamendi respondió que «el Registro trabaja mucho».

La falta de respuesta en el caso de Alexander Arriola

La segunda vía de análisis viene de que el ex director general de la SPRI pasó en 24 horas a una empresa a la que la sociedad pública había dado ayudas y contratos. El 1 de marzo el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, afirmó que había hecho la consulta «y no obtuvo contestación», añadiendo que el Departamento de Garamendi investigaría lo sucedido y daría explicaciones.

Lo único que ayer dijo la consejera fue que «la persona responsable del servicio de Registro de Personal, ejerciendo su autonomía, decidió no elevar propuesta de resolución del expediente, decisión que habilitaba a la persona solicitante a desempeñar sus nuevas labores en el sector privado». A lo que añadió que «es este órgano el que, en definitiva, decide si eleva para su firma a esta consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno la propuesta de resolución de los expedientes que se tramitan».

Pese a que se nos pueda volver a acusar de falta de rigor jurídico, lo que hemos encontrado en la ley es que «en todos los supuestos de ejercicio de actividad, pública o privada, contemplados en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18, resultará precisa una declaración expresa de compatibilidad o incompatibilidad». Todos los supuestos precisan, por tanto, de una respuesta

Pero la ley 1/2014 dice algo más a renglón seguido, literalmente que «la resolución acerca de la compatibilidad de actividades privadas durante los dos años siguientes al cese, corresponderá al titular del departamento del que dependa la materia de función pública». Y esa titular no es otra que Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública.

«¿Alguno no debería estar trabajando?»

Sobre los casos de los cinco cargos públicos recogidos en el último listado publicado y los dos que se anunció ayer que se recogerán en el siguiente, y que por acción u omisión han obtenido permiso para fichar por empresas privadas, lo que Olatz Garamendi replicó a los grupos de la oposición fue que lo que realmente habría que preguntarse es si «con la ley aprobada en este Parlamento en la mano, ¿alguna de las personas sobre las que ustedes se han interesado debería no estar trabajando donde lo está haciendo? ¿Existió relación directa que imposibilite tal relación laboral?».

Pues es muy difícil saberlo, puesto que el Gobierno no ofrece las razones que le llevaron a permitir esos pasos de la Administración a la empresa privada.

Ayer mismo la consejera dijo que todos los que tuvieron respuesta la tuvieron favorable, pero no en qué se basaron.

Y así, tres de los máximos cargos del Departamento de Salud pasaron en tiempo récord a una firma multinacional de un empresario muy cercano al PNV, con el que la relación fue estrecha.

También se conoce, como ayer expuso Josu Estarrona, que la SPRI dio una ayuda a la empresa Eurocybcar para instalarse en el Parque Tecnológico de Araba y luego le firmó un contrato menor directo por valor de 13.500 euros, antes de Alexander Arriola pasara a esa empresa de ciberseguridad. ¿Contraviene eso la ley? La consejera no respondió.

¿La evidencia de que no se le podía dar el visto bueno fue la razón por la que no se redactó el informe y se le dejó marchar? Según el discurso de Olatz Garamendi «la falta de una propuesta de resolución por parte del Registro de Personal no tiene por qué suponer una oscura concesión de un trato de favor».

De páramos y trampolines

A la comisión parlamentaria de ayer volvió el argumentario de que cómo «los mejores» van a meterse en la función pública, si luego se les ponen todo tipo de impedimentos. «¿En qué clase de páramo quieren convertir ustedes a la Administración Pública?», espetó Olatz Garamendi a los portavoces de la oposición.

Como ya publicó este diario, ninguno de los altos cargos que obtuvieron el informe de compatibilidad está ahora en la empresa de la que salió. En muchos casos, el paso por lo público ha supuesto para ellos no una puerta giratoria, sino un trampolín.

En todo caso, el tema no ha quedado cerrado. El viernes, todos los grupos de la oposición volverán a preguntar al lehendakari y a la consejera sobre puertas giratorias, amiguismo y la Comisión Ética.