Según el artículo 18.5 de la Ley 1/2014 Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, «durante el periodo de los dos años posteriores al cese en el cargo público» todos ellos «deberán efectuar declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio».

Esa declaración deben presentarla ante el Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública, del Departamento de Gobernanza que dirige Olatz Garamendi, quien «en el plazo de un mes, se pronunciará sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicará a la persona interesada y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios».

Además, la ley fija que este mismo Registro de Personal «realizará el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos de las obligaciones de presentación de las declaraciones de actividades (...) establecidas en la presente ley, requiriendo su cumplimiento cuando sea necesario, otorgando para ello un plazo improrrogable de 10 días».

Pues bien, en un repaso de las fuentes abiertas del Gobierno donde se recoge el listado de altos cargos cesados en esta legislatura y comparándolo con otros datos ofrecidos por los propios interesados en Internet, este diario ha detectado al menos una docena de altos cargos que en ese plazo de dos años han pasado al sector privado sin haber presentado ninguna declaración ante el Registro de Personal ni, por lo tanto, haber recibido el permiso de compatibilidad.

Estas actuaciones «son infracciones muy graves a lo establecido en la ley», y deberían suponer la inhabilitación durante entre 5 y 10 años de estas personas para ocupar un cargo público. Además, si tras el cese hubiera recibido alguna «pensión, indemnización, prestación o percepción económica que se hubiere generado por haber ejercido el cargo público», estaría obligado a devolverlo.

Absoluta inhibición pública

Pero no parece que nada de esto vaya a suceder, habida cuenta de que el Registro de Personal, dependiente de la consejera Olatz Garamendi, ha sido incapaz de descubrir que una docena de altos cargos estaban trabajando en el sector privado sin permiso en los dos años siguientes a su cese, a pesar de que varios de ellos han aparecido con fotos y declaraciones en los medios de comunicación por informaciones relacionadas con sus nuevos trabajos.

Es más, algunos de ellos han pasado a ocupar cargos en sus firmas que están registrados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Juan Luis Diego Casal, un caso emblemático

Juan Luis Diego Casal era considerado un hombre de la entera confianza del lehendakari, Iñigo Urkullu, cuando en 2018 fue nombrado director general de Osakidetza en plena crisis por las OPE. Antes había sido director de Coordinación del Gobierno. Juan Diego fue cesado el 25 de octubre de 2020. En tres meses, el 28 de enero, fue nombrado consejero delegado de Edinor, una filial de Petronor.

En el listado del Gobierno de autorizaciones para la realización de actividades privadas durante los dos años posteriores a su cese, no figura ni que la hubiera pedido ni que se la concedieran. Es más, su caso fue aireado en los medios y nadie parece que reaccionó.

EH Bildu preguntó a la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, que era quien tenía que haber firmado su compatibilidad para el nuevo cargo, qué criterios o leyes se aplican para este tipo de puerta giratoria. Y su respuesta fue que al ser también presidenta de la Comisión Ética no podía hablar del tema.

Listado

Según los datos consultados, estos son otros cargos públicos que han pasado al sector privado sin pedir permiso.

Isabel Muela Dejó de ser viceconsejera de turismo el 10 de septiembre de 2020 y en enero de 2021 ya era directora para España de Camina Sostenible y desde mayo de 2022, responsable de Desarrollo de Negocio para España de Advanced Leadership Foundation.

Jon Redondo Director de Actividad Física y Deporte hasta el 7 de septiembre de 2022 , pasó de inmediato a ser director de Desarrollo Corporativo de la Inmobiliaria Grupo Eibar.

Aitor Garitano Dirigió Euskal hasta octubre de 2020 Trenbide Sarea, de donde volvió a la dirección de Acciona Agua SA. Aunque estaba en excedencia debió pedir el permiso. Además, un año después, pasó a ser director de operaciones de Zabalgarbi.

Janire Bijueska Estaba en excedencia en el Consorcio de Aguas de Bilbao y Bizkaia mientras era directora de Planificación de Transporte, pero debió hacer una petición al cesar en septiembre de 2020 y volver de inmediato a su antigua empresa, y además en otro cargo.

Imanol Leza Pasó de dirigir Euskotren a ser el responsable para el Estado francés de Renfe.

Ander Goyoaga Dejó de ser asesor de comunicación del Departamento de Cultura para, en tres meses, pasar a ser corresponsal de un diario catalán en Euskal Herria.

Iker Atxa Era director de Innovación Social de Lehendaritza hasta abril de 2022 y en noviembre era responsable de proyectos de Eusko Ikaskuntza. Aunque apunta que tiene una jornada parcial, debió pedir permiso

Javier Plasencia Apunta en su currículo que es «docente» desde noviembre de 2021, cuando dejó de ser director de Calidad e Industrias Alimentarias.

Jordi Compàs Dejó de ser viceconsejero de Economía y Fondos Europeos en abril de 2022 y en mayo se incorporó como director adjunto a Euskampus Fundazioa.

Arantza Leturiondo Fue viceconsejera de Planificación Territorial y Agenda Urbana hasta marzo de 2021. Desde entonces aparece como asesora de gestión pública y urbanismo. Poco antes de vencer los dos años de carencia desde su cese ha pasado a ser secretaria del consejo de administración de la Sociedad de Gestión Urbanística Eretza.

En ninguno de estos casos consta que pidieran el informe de compatibilidad, lo que exige, entre otras cosas, presentar el contrato de nuevo trabajo.