El PNV ha respondido a la frustrada reforma o derogación de la Ley Mordaza en el Congreso español este martes, intentando situar sobre otras fuerzas políticas la responsabilidad de su aplicación. «A partir de ahora, los afectados que se dirijan a ERC y EH Bildu», ha llegado a decir Aitor Esteban, portavoz en el Congreso. Cualquiera podría pensar, por esta afirmación, que el PNV ha hecho una aplicación leve de esta norma o la ha regateado, pero nada más lejos de la realidad: según datos de 2022, solo la Ertzaintza (sin contar cuerpos locales bajo control jeltzale) la ha utilizado 45.000 veces, a ritmo de 16 al día, y lo hace además contra la decisión del Parlamento de Gasteiz en 2016.

Los números recabados del propio Departamento de Seguridad, generalmente a preguntas de EH Bildu, en estos años son algo caóticos pero muy reveladores. Muestran una aplicación que, además, ha ido in crescendo desde su puesta en marcha en 2015 por el Gobierno Rajoy. Así, en el segundo semestre de aquel año (entró en vigor el 1 de julio) la Ertzaintza impuso 721 sanciones con ese paraguas, un semestre después eran 911, y al siguiente 918.

Entre medio, además, se había producido una decisión del Parlamento de Gasteiz que mandataba al Gobierno de Lakua a no aplicar la Ley Mordaza. «Estando la mayoría de este parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique», establece un acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos suscrito por PSE, EH Bildu… y PNV.

Interpelada sobre ello en 2020 en el Parlamento, la entonces consejera Estefanía Beltrán de Heredia justificaría seguir usando la polémica norma en que «es la normativa que se encuentra en vigor en el ámbito de la seguridad ciudadana».

Otra remesa de datos oficiales lograda en 2018 confirmaba que el abuso de la Ley Mordaza por parte de la Ertzaintza seguía creciendo. Para entonces ya eran 17.820 sanciones en total, con un ingreso económico para la Administración autonómica de 1,32 millones de euros. En su mayoría, aferrándose a conceptos genéricos y difíciles de rebatir por las personas sancionadas, como «faltas de respeto y consideración», «desobediencia» y «resistencia a la autoridad».

Acelerón en el estado de alarma

A aquel incremento paulatino le sucedió otro salto aún mayor en 2020, con el estado de alarma generado por la pandemia, puesto que en ese periodo las sanciones impuestas tuvieron como soporte la Ley Mordaza.

Datos de agosto de ese mismo año, es decir, solo en los cinco primeros meses, certificaron que en Euskal Herria entre policías autonómicas y municipales se habían impuesto 45.000 sanciones en total, de ellas 30.000 en la CAV (con el añadido de 464 personas detenidas en estos tres herrialdes). Lakua terminaría devolviendo estas multas tras una decisión del Tribunal Constitucional que consideraba ilegal el confinamiento.

Superada la pandemia, la ley de Rajoy ha vuelto a seguir siendo usada a diario, hasta totalizar desde su inicio 45.000 casos por parte de la Ertzaintza, lo que se traduce en estos siete años y medio en unos 6.000 casos al año, que suponen 16 al día, uno cada hora y media.

Hace escasos diez días, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, justificó con la Ley Mordaza las cargas contra jubilados y jóvenes en Erromo en el conflicto de Nagusien Etxea. A tenor de las palabras de Esteban, a partir de ahora el PNV intentará culpar de hechos similares a EH Bildu. Pero ni siquiera tenía que esperar a una decisión del Congreso en 2023, le hubiera bastado con cumplir la decisión del Parlamento de Gasteiz de 2016.