El Parlamento de Gasteiz ni siquiera se va a dar la oportunidad de iniciar la tramitación de una ley para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. PNV, PSE y Vox han votado en contra de ello. Haber aprobado este jueves la proposición de EH Bildu no suponía que saliera adelante esta oficina tal y como esta formación la planteaba. Solo se buscaba crear una ponencia para mejorar esa propuesta a través del debate y las enmiendas de todos los grupos; los partidos que sustentan el Gobierno tendrían siempre al final el mecanismo de seguridad de poder votar en contra y hacer decaer todo si no les gustaba.

Pero ni siquiera se ha llegado a ese estadio. PNV y PSE entienden que, como determinó el criterio negativo del Gobierno de Lakua, ya existen en la actualidad mecanismos suficientes para prevenir y corregir los casos de corrupción, aunque sean mejorables con la transposición de la legislación europea y estatal al respecto. Y, desde su punto de vista, la oficina propuesta es innecesaria y duplica los mecanismos actuales. A lo que añaden que allá donde existe –por ejemplo en Nafarroa, donde se creó con el voto favorable de PSN y Geroa Bai– no está siendo eficaz.

Por contra, EH Bildu, considera que la realidad está demostrando cada día que el entramado organizativo de la CAV no está siendo capaz de atajar los casos de irregularidades, corrupción y amiguismo. Para rechazar esta ley, el Gobierno de Lakua hacía mención al Órgano de Control Económico, que el parlamentario Josu Estarrona ha recordado que está dirigido por un ex miembro del ABB del PNV. Este órgano fue incapaz de atajar el conocido como caso de Miguel y, en concreto, que durante los años 2005 y 2008 Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, cometiera los «delitos continuados» de «prevaricación», «malversación de fondos», «falsedad de documento oficial» y «tráfico de influencias», así como otro, de «asociación ilícita».

Direcciones de cargos jeltzales y un Ararteko ignorado

Estarrona ha mencionado también que el TVCP, al que se refiere Lakua, se dedica a fiscalizar ejercicios contables pasados, y la Agencia Vasca de Protección de Datos no se sabe qué relación tiene como organismo de lucha contra las prácticas irregulares o corrupción. Y ha subrayado que ambos están dirigidos por ex cargos públicos del PNV.

En cuanto al Ararteko, el parlamentario de EH Bildu ha llamado la atención sobre que éste mismo denuncia que el 59,10% de sus recomendaciones no son atendidas por el Gobierno de Urkullu. Sobre la Comisión de Ética Pública, Estarrona ha destacado que no funciona, y del Servicio de Registro de Personal ha recordado que no está siendo capaz de vigilar el cumplimiento de la ley, como se ha demostrado con la docena de cargos públicos que este medio detectó que habían pasado a la actividad privada saltándose la norma.

Sobre la afirmación del Gobierno de que la creación de esta oficina supondría una «duplicidad», Josu Estarrona se ha preguntado cómo se puede duplicar lo que no existe.

Además, ha criticado que cuando desde el Ejecutivo se invita a quienes denuncian casos de corrupción acudan a los tribunales, es porque saben que para ello hay que tener mucho valor o ser temerario, después de ver cómo, por ejemplo, que la abogada que destapó el “caso De Miguel” por estar siendo chantajeada, no ha vuelto a poder contratar con instituciones del PNV y además recibió la notificación de una inspección fiscal poco antes de tener que ratificar su denuncia ante los tribunales. «Casualidades» ha ironizado Estarrona.

PNV y PSE: «Innecesario»

En esta ocasión, al contrario que lo hecho en otras iniciativas similares, PNV y PSE han participado en el debate y no se han limitado a la explicación de voto, lo que Josu Estarrona ha agradecido. Tanto el jeltzale Ion Andoni Atutxa, como Ekain Rico, han dejado clara su oposición a la creación de esta oficina por no considerarla ni necesaria ni eficaz. Y han denunciado que EH Bildu pretende crear una sombra de sospecha sobre toda la administración.

Desde el PSE, Ekain Rico ha destacado que en el debate se ha visto que hay «puntos de conexión» para ir añadiendo a la normativa autonómica elementos de mejora con la transposición de leyes europeas y estatales, como la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción recientemente aprobada en el Congreso.

Ion Andoni Atutxa, del PNV, ha criticado que la oficina propuesta, además de presentarse cuando a EH Bildu le interesa, tiene un carácter «represivo, que es lo más sencillo, mientras que el Gobierno apuesta por un modelo preventivo», que el jeltzale considera más difícil pero más eficaz. Ha hablado de «sistema de integridad institucional».

«Falta de voluntad»

Josu Estarrona ha puesto en duda que la propuesta de EH Bildu sea represiva, y ha preguntado a Atutxa, sin obtener respuesta, qué organismo con ese carácter preventivo está haciendo campañas de sensibilización contra la corrupción o elaborando mapas de riesgo como los que hay en otras comunidades.

En definitiva, en opinión de EH Bildu, todo lo que se están planteando son excusas. A su entender, PNV y PSE «han demostrado su falta de voluntad para acabar con algunas prácticas instaladas en un marco que normaliza el clientelismo, el amiguismo y los tratos de favor, como si fuera normal que la cercanía a un partido político concreto dé ventaja a la hora de obtener subvenciones, contratos, licitaciones o empleos públicos».

Resto de los grupos

Vox ha votado en contra ligando a EH Bildu con extorsiones y secuestros como elementos de corrupción, y porque todo lo que se cree aquí desde las instituciones va a ser controlado finalmente por el PNV, y hablar de control «es una quimera» en un «régimen» caracterizado por «el nepotismo y el clientelismo»

El grupo PP+Cs se ha abstenido. Luis Ignacio Gordillo ha defendido que para acabar con la corrupción hacen falta «normas de calidad, organismos de control externo y personas independientes a su frente». Ha llamado la atención sobre la falta de una fiscalía anticorrupción en la CAV y ha afirmado que «la Comisión de Ética Pública no puede estar presidida por la jefa de la Administración».

Elkarrekin Podemos-IU ha votado a favor de la proposición de ley de EH Bildu. Gustavo Angulo ha lamentado que se haya perdido una oportunidad de avanzar en el camino de la transparencia.