La Corte Suprema de Perú ha ratificado los 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción impuestos al expresidente izquierdista Pedro Castillo después de que fuera detenido el 7 de diciembre tras anunciar el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

El exmandatario, de 53 años, fue detenido por conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública y ahora está acusado de liderar una organización criminal. Deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones.

«La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros», ha escrito el Poder Judicial en la red social Twitter.

El 10 de marzo, en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, después de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. El expresidente anunció entonces que apelaría la decisión judicial y su apelación ha sido rechazada.

Así, a la orden de 36 meses de prisión preventiva se suma la de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión por su anuncio del pasado 7 de diciembre.

Castillo fue elegido en 2021 para gobernar hasta 2026 y fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su destitución y detención, y la asunción del cargo por su vicepresidente, Dina Boluarte, ahondó la crisis política en Perú con protestas que ocuparon durante semanas las calles de las principales ciudades y, sobre todo, de las regiones del centro y del sur, históricamente olvidadas de mayoría indígena, y se saldaron con casi un centenar de muertos. Los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte, convocatoria de elecciones y una Asamblea Constituyente.

La tesis de la Fiscalía es que Castillo dirigía desde la Presidencia una red de corrupción dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Castillo niega los cargos de corrupción y sostiene que está «secuestrado injustamente».

«Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor», ha señalado tras conocer el fallo judicial el ex jefe de Estado.

Por el presunto caso de corrupción, dos de sus exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva.