Será la primera vez que el Tribunal Supremo (TS) entre a analizar si los tribunales han aplicado bien la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en sus revisiones de pena.

La Sala Segunda llevará a cabo este estudio con el objetivo no solo de unificar criterio sino de fijar doctrina, y porque ya acumula más de 20 recursos de casación contra autos de revisión.

Desde que la ley del 'solo sí es sí' entrara en vigor, el pasado 7 de octubre, el Supremo ha deliberado sobre los recursos de casación presentados contra más de veinte sentencias, acordando en unos casos mantener las penas impuestas y en otros rebajarlas. Ya hay al menos una docena de condenados beneficiados por las reducciones del alto tribunal.

El primer pronunciamiento que se conoció del TS sobre la nueva ley fue el relativo a la sentencia del 'caso Arandina', el pasado 29 de noviembre. Entonces estableció que «podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora una pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, no de forma global».

La Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instruido a los miembros del Ministerio Público para que aboguen por mantener las penas antiguas cuando la nueva ley lo permita, según la circular aprobada el pasado 16 de marzo por la Junta de Fiscales de Sala. No obstante, ha subrayado igualmente que «cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso».

Por ahora, el único dato oficial sobre rebajas de pena y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales que consta es el facilitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a fecha de 1 de marzo las cifró en 721 y 74, respectivamente.