El Pleno del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos municipales salvo el PP, que ha votado en contra, una moción de EH Bildu y Elkarrekin Donostia en la que se insta al Gobierno de Lakua a que, previa solicitud del Consistorio, «declare como zonas tensionadas de vivienda todas aquellas zonas que cumplan los requisitos establecidos al respecto» en la nueva Ley de Vivienda estatal, tan pronto como entre en vigor, con el objetivo de «establecer cuanto antes un sistema de control de precios del alquiler» en la ciudad.

La moción, que recoge la reclamación realizada por las plataformas Alokairu-Benta Berri, Stop Desahucios de Donostialdea e Inquilinos Azora, ha sido apoyada por EH Bildu, Elkarrekin Donostia, PNV y PSE, mientras que el PP ha votado en contra.

El edil de EH Bildu Ricardo Burutaran ha destacado que Donostia cuenta con 1.937 viviendas en alquiler, cuando los demandantes de vivienda pública en alquiler de Etxegintza son más de 18.000. Además, ha señalado que según los datos de Lakua correspondientes a junio del pasado año, había 13.129 donostiarras solicitantes de vivienda pública en alquiler en Etxebide. Por todo ello, a su juicio, «son necesarias más medidas» para hacer frente al «problema de vivienda».

La portavoz de Elkarrekin Donostia, Aitzole Araneta, ha incidido en que el de la vivienda es «uno de los problemas más importantes» que tiene la capital guipuzcoana y así lo evidencia que «más de 3.500 jóvenes han tenido que irse de la ciudad a municipios aledaños porque no pueden permitirse vivir aquí».

Araneta ha abogado por «frenar la especulación y la burbuja que está sufriendo en el tema del alquiler» y ha recordado que tras esta cuestión está el debate sobre si el derecho a tener una vivienda digna está por encima o no al «derecho de unos pocos a hacerse aún más ricos». Así, ha abogado por controlar los precios del alquiler y adoptar acuerdos en torno a la futura Ley de Vivienda estatal que «está cada vez más cerca de materializarse».

«Brindis al sol»

Desde el Gobierno municipal, la delegada de Urbanismo ha apostado por un «debate sosegado y profundo» en lugar de «un titular fácil» como, a su juicio, se persigue con la moción aprobada. En este sentido, la ha tachado de «brindis al sol» ya que, según ha recordado, la Ley Estatal de Vivienda «no está aprobada aún, puede someterse a cambios, no se aplicará hasta 2025» y, además, ha planteado que puede suponer una «invasión de competencias».

Asimismo, ha señalado que, en estos momentos, hay 188.792 personas empadronadas en la ciudad, «la mayor cifra» registrada, y existen 94.700 viviendas de las cuales «78.711 son principales; 8.600 están en alquiler, el 9,14%, y 1.100 están vacías», al tiempo que ha abogado por «seguir trabajando» y ha recordado que desde 2011 se han creado 3.411 viviendas desde el Ayuntamiento que tiene diversos desarrollos en marcha a los que se sumará el desarrollo urbanístico del solar de los cuarteles de Loiola que permitirá la construcción de «más de cuatro mil nuevas viviendas».

Por su parte, la portavoz del PSE, Marisol Garmendia, se ha felicitado por la futura Ley de Vivienda «integral» y ha recordado que su partido lleva en su «ADN las políticas públicas de vivienda».

El portavoz del PP, Borja Corominas, ha señalado que es un «diagnóstico común» a todos los grupos municipales que la ciudad tiene un problema con la vivienda, pero «las soluciones no lo son», porque las medidas que proponen EH Bildu y Elkarrekin Donostia, como «intervenir el mercado, limitar los precios del alquiler o declarar zonas saturadas para expropiar viviendas, forzando a los propietarios a ponerlas en alquiler», a su juicio, no han funcionado en ciudades como Barcelona donde este tema es «un desastre».

Frente a ello ha abogado por «construir más viviendas» en ámbitos «como Antondegi, donde se podrían construir tres mil», así como «incrementar» los salarios.

Día «histórico»

Desde las plataformas Alokairu-Benta Berri, Stop Desahucios de Donostialdea e Inquilinos Azora que han estado presentes en la sesión plenaria, Rosa García ha calificado este día de «histórico» por la aprobación de la moción para «el control de los precios del alquiler abusivos».

La portavoz de Stop Desahucios ha rechazado que la futura Ley de Vivienda estatal tenga «problemas competenciales» con la de la CAV y se ha felicitado de que el PNV, «con la presión ciudadana», haya votado finalmente a favor de esta iniciativa.

Por otro lado, ha opinado que «todos los barrios» son zonas tensionadas de vivienda y «por tanto se pueden aplicar los límites a los abusivos precios del alquiler que han provocado la entrada de fondos buitre» para que la vivienda «sea un derecho y no objeto de especulación».