La exalcaldesa de Lasarte-Oria Ana Urchueguía ha sido condenada a 18 años de inhabilitación para el ejercicio de todo cargo público por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos en la gestión de las ayudas municipales destinadas a proyectos de cooperación en Somoto (Nicaragua).

Urchueguía ha ratificado este martes el documento de conformidad suscrito en abril por su defensa con la Fiscalía y resto de acusaciones, en el que reconocía estos delitos, durante una vista celebrada en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, que ha elevado a firme la sentencia al estar de acuerdo las partes en no presentar recurso.

La exalcaldesa del PSE, que ha rehusado hacer declaraciones, renunció a su puesto en el Ayuntamiento en 2010 para hacerse cargo de la delegación del Gobierno de Lakua en Chile y Perú, en un momento en el que una comisión municipal ya investigaba la posible existencia de irregularidades en la gestión de estas subvenciones.

Con el reconocimiento de los dos delitos, Urchueguía ha evitado la celebración de un juicio largo, en una causa en la que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha ejercido de acusación particular y el también exalcalde Pablo Barrio, de EH Bildu, se ha mantenido como acusación popular.

Sin prisión

Con este acuerdo ha eludido un posible ingreso en prisión, ya que en el delito de malversación «no se ha podido demostrar que se haya lucrado personalmente».

La causa fue reabierta por la Audiencia de Gipuzkoa en mayo de 2021, tras el recurso presentado contra la decisión del juez de Instrucción de archivar temporalmente, por falta de colaboración de la autoridad judicial nicaragüense, el llamado caso Somoto, una ciudad de unos 35.000 habitantes hermanada con Lasarte-Oria.

La decisión inicial de la justicia de archivar el caso provocó la reacción del Ayuntamiento, con los votos de EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos, y de la acusación popular, que presentaron en febrero de 2020 recursos que han quedado resueltos.

El pasado 2 mes de mayo, el PSE de Gipuzkoa informó de que había activado el procedimiento para suspender de militancia a Ana Urchueguía, tras conocer el acuerdo con la Fiscalía por el caso Somoto, y de que la suspensión sería definitiva cuando el pacto fuera ratificado por los jueces.