El Gobierno español ha acordado este martes desclasificar la documentación secreta relativa a la intervención del teléfono del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, a través del programa Pegasus. Ha sido a petición del Juzgado que investiga el caso.

Fuentes gubernamentales han informado a Efe de que el Consejo de Ministros ha autorizado la desclasificación de estos papeles secretos por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona solicitó en noviembre al Consejo de Ministros, a través de un suplicatorio, la desclasificación de esa información reservada sobre el uso del software Pegasus por parte del CNI sobre Aragonès, antes de tomar declaración como investigada a la exdirectora del centro de Inteligencia Paz Esteban.

El Consejo de Ministros es competente para estas desclasificaciones, aunque prácticamente nunca lo ha hecho con respecto a documentos que puedan esclarecer la guerra sucia en Euskal Herria. La excepción fue la desclasificación parcial de los llamados «papeles del Cesid», tras un litigio judicial previo, a mitades de los años 90.

Aragonès apunta al CNI

Hace un mes, el propio Aragonès señaló al CNI por el espionaje a su móvil con el programa Pegasus, entre julio de 2018 y marzo de 2020, cuando él era vicepresidente de la Generalitat y ERC estaba enfrascada en negociaciones políticas relevantes, como la investidura de Pedro Sánchez o la mesa de diálogo.

Así lo aseguró el president catalán en su comparecencia ante el juez para ratificar la querella que había presentado a principios de julio y fue admitida en octubre, contra el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus y la exdirectora del CNI, que fue destituida meses antes por el Ejecutivo tras la polémica por el espionaje a líderes independentistas, así como al presidente del Gobierno y varios ministros.

Aragonès detalló al juez haber sido víctima de tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 –coincidiendo con la investidura de Sánchez–, pero un informe pericial posterior amplió a entre julio de 2018 y marzo de 2020 el tiempo en que el teléfono pudo estar infectado.

El presidente catalán recordó que Esteban, cuya declaración ante el juez prevista para diciembre se aplazó, ya apuntó en mayo en el Congreso que este espionaje se llevó a cabo con el aval del juez del Tribunal Supremo responsable del control de los servicios secretos españoles.

Sin embargo, el alto tribunal rechazó facilitar al juzgado estos autos que avalaban al CNI el uso de Pegasus, ya que el Gobierno no había desclasificado aún esa información, considerada reservada o secreta.