49 víctimas de la tortura escucharon esto por primera vez el pasado mes de octubre de boca de una representante del Gobierno de Lakua: «Fueron experiencias crueles e inhumanas que marcaron vuestras vidas. Y después, una pesada mochila de décadas, por una experiencia traumática radicalmente injusta que os marcó para siempre. En silencio o con la solidaridad de los vuestros. No siempre hemos estado como sociedad dispuestos y dispuestas a escucharos. Tardamos en escuchar y tardamos en actuar».

Quien así se expresaba en el acto del Kursaal era la consejera de Justicia, Nerea Melgosa. En aquel acto, al que no asistió el lehendakari Urkullu, se reconoció como víctimas a 66 personas en total. Lakua lo presentó como un paso adelante en el proceso. Sin embargo, poniendo todo en perspectiva lo que se constata es exactamente lo contrario: un reconocimiento muy tardío (medio siglo de retraso a menudo); tremendamente escaso (362 casos hasta la fecha sobre un total de muchos miles); que no genera justicia (el Constitucional español cercenó la ley para ello, al igual que ha hecho con la norma navarra); y que mayoritariamente tampoco conlleva reparación material.

Este último aspecto merece atención, porque quien lo ha puesto sobre la mesa como denuncia no han sido las víctimas, sino la propia Comisión de Valoración emanada de la ley. Está formada por expertos que analizan minuciosamente cada caso para proceder al reconocimiento como víctima o desestimarlo. Y en su informe de 2023 no se limitó a detallar esos 66 episodios de violencia, sino que añadió una apelación directa a cambiar la ley.

Estos técnicos en distintas materias de reconocido prestigio han puesto con ello una patata caliente sobre la mesa de PNV y PSE en el caso de que repitan mayoría, al delatar que con la norma actual las víctimas «o no pueden ser indemnizadas o bien lo son de forma irrisoria, indigna de tal nombre». Lo concretan en las personas torturadas: «Hay que derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones, sean estas permanentes o no».

Los miembros de la Comisión también consideran que la reforma debería incluir también «la ampliación del ámbito temporal de la ley», «ajustes en la composición y funcionamiento del plenario» para facilitar su labor; «coordinar algunos de sus contenidos con la normativa autonómica y estatal de memoria histórica y democrática»; y «extender en el futuro su ámbito de actuación a otras violaciones diferentes a las relativas a la vida o la integridad». 

Junto a todo ello, emplazan a algo que ya demandó la fundación Egiari Zor, que reúne a víctimas de violencia estatal: abrir un nuevo plazo para solicitudes. Y es que hay al menos 64 presentadas fuera de plazo, correspondientes a personas que en general tomaron confianza en el proceso más tarde, tras recelos iniciales que persisten en otros cientos y cientos de víctimas, por no decir miles. Otras simplemente han fallecido en el trayecto, sin justicia y reparación, pero tampoco verdad y reconocimiento.

Tibieza de PNV y PSE

Con esta interpelación, y otras quejas por la falta de medios o el boicot judicial, la Comisión ha puesto en entredicho el valor que PNV y PSE intentaban dar al proceso. La posición jelkide puede resumirse en la entrevista a este medio del viceconsejero de Derechos Humanos de Lakua, José Antonio Rodríguez Ranz, respondiendo así a los técnicos: «Yo creo que lo fundamental es el reconocimiento de las víctimas. Supone un avance. El informe efectivamente hace también referencia en las conclusiones a algunas mejoras que hay que ir incorporando. Sobre recursos, se ha incrementado el personal de la unidad de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que está al servicio de este trabajo. Se ha incrementado el apoyo a los servicios jurídicos de la comisión. Este año se incrementará la dotación presupuestaria para la recogida de testimonios y su transcripción...»

Los datos de la Comisión, por contra, hablan por sí solos: sobre su mesa había hace unos meses 540 solicitudes pendientes de análisis. Teniendo en cuenta que en tres años habían resuelto 145, calculan que necesitarán entre 6 y 8 años para decidir sobre el resto, lo que alargaría el proceso hasta más allá de 2030. Y todo ello cuando la ley establece que las respuestas a las peticiones deben producirse en un plazo tope de 24 meses, por lo que también en esto se está incumpliendo la norma.

El programa del PNV no muestra ambición al respecto. La cuestión se despacha abogando por «el reconocimiento integral de todas las víctimas de vulneraciones de derechos. Este reconocimiento abarca no solo el ámbito legal e institucional, sino también el social, moral y simbólico. Todas las personas que han sufrido injusticias deben ser visibilizadas y recibir el apoyo y la solidaridad de la sociedad en su proceso de recuperación y reparación».

En cuanto al PSE, la distancia entre algunas palabras y los hechos reales es similar o mayor. El partido sigue presumiendo de que fue Idoia Mendia como consejera quien impulsó el primer decreto de reconocimiento en 2012, pero obvia las restricciones potentes que incluía (periodo acotado a 1968-78, garantía de impunidad para los victimarios, exclusiones a víctimas...). El candidato a lehendakari, Eneko Andueza, suele remarcar que condenó el GAL hace muchos años, pero se parapeta a menudo en la falsedad de que sus crímenes fueron investigados y purgados por la Justicia, lo que ocurrió en muy contados casos. Y cabe recordar la reacción inicial crispada del partido cuando el IVAC hizo público en 2017 su informe sobre la tortura en la CAV, que recogía más de 4.000 tormentos.

Boicot policial... e institucional

Yendo más al fondo del asunto, y más lejos del marco de estas elecciones, el Gobierno del Estado sigue sin hacer el más mínimo gesto de reconocimiento público de toda esa violencia (si acaso, los acuerdos PSOE-EH Bildu que prevén la conversión en Lugar de Memoria del Palacio de la Cumbre en que estuvieron secuestrados Joxean Lasa y Joxi Zabala).

En este negacionismo global hay varias capas. La más visible es la que ya mostró Jusapol con sus gestos amenazantes en la tribuna el día en que se aprobó la ley en el Parlamento de Gasteiz, con Julen Arzuaga (EH Bildu) en su diana. Ese boicot ha seguido luego con la presentación de 589 solicitudes fraudulentas al amparo de esta ley, por parte en su mayoría de guardias civiles que esgrimían haber sido víctimas de atentados, pero obviamente no se trataba de casos de violencia estatal. Una traba más a una labor ya compleja de por sí.

Un segundo escalón, más determinante, es la obstrucción judicial. El Constitucional ya se encargó de «cepillar» la norma entre la primera versión de 2016 y la definitiva de 2019. Dejó claro que la verdad reconocida de estos casos sería siempre extrajudicial, manteniendo así la impunidad casi absoluta de estas violencias (apenas 20 casos reconocidos por el Supremo sobre los más de 4.000 censados de torturas en la CAV). Pero hay más: en su último informe, la Comisión de Valoración añade que «hay serias dificultades para obtener la información de expedientes relativos a juzgados y tribunales sitos en la CAV. Si no hay mayor celeridad y celo en posibilitar el acceso, el trabajo de esta comisión puede verse perjudicado seriamente», alerta.

El tercer nivel es la citada falta de reconocimiento institucional a nivel estatal. Son ya siete años desde que se publicó el informe oficial sobre la tortura encargado por el Gobierno de Lakua, y uno desde el sellado por el Ejecutivo navarro liderado por el PSN, sin que en Madrid alguien recoja ese guante. Lo más cercano a ello fue la declaración del entonces vicepresidente del Gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en la presentación del documental ‘Non dago Mikel’ en 2021 en Madrid: «La tortura se ha usado como elemento procesal», admitió incluso.

Congreso y Memorial reveladores

Un marco excelente para enunciarlo sería el evento promovido para el próximo mes de octubre en Gasteiz por el propio Gobierno español y la ONU. Ahí se celebrará, los días 8 y 9, la llamada «Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre víctimas del terrorismo».

La alcaldesa del PSE, Maider Etxebarria, afirma que la cumbre «permitirá que Vitoria-Gasteiz sea la abandera mundial de la defensa de los valores democráticos, la protección de las víctimas y la lucha contra el terrorismo». Y cita en este contexto la muerte de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y también la matanza policial del 3 de Marzo.

La realidad, sin embargo, es que el Centro Memorial que acogerá esa cita solo refleja la primera de las violencias, hasta el punto de catalogar anualmente a Melitón Manzanas como víctima de ETA y eludir su condición de torturador. Otra interpelación pendiente para el nuevo Gobierno de Lakua, que como patrono de la fundación del Memorial asiste mudo a esa desautorización de sus propios informes.