Seis de cada diez plazas disponibles en los centros de atención a las personas mayores de la CAV pertenecen a residencias que tienen ánimo de lucro, cuyo dominio en este ámbito es abrumador. Eso es lo que se desprende del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con fecha de 2022, donde se hace una radiografía completa del sector.

Según se apunta en ese documento, al que ha tenido acceso NAIZ, de las 17.707 plazas y habitaciones existentes para personas mayores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 8.929 corresponden a centros cuya titularidad y gestión es privada y tienen ánimo de lucro. Hay además 1.584 plazas en centros de titularidad pública pero con gestión privada y ánimo de lucro, de modo que, en conjunto, las plazas ofertadas a las personas mayores con intención de obtener provecho económico suponen el 59,3% del total.

Es por tanto el negocio y no la necesidad de garantizar una adecuada atención sociosanitaria a este colectivo el principal motor de este sector, donde los centros de titularidad y gestión pública ofrecen 3.096 plazas, que apenas llegan a representar el 17,5%. De hecho, son más las plazas existentes en centros de titularidad y gestión privada, pero sin ánimo de lucro: 3.745. Por su parte, las residencias de titularidad pública y gestión privada sin intención de sacar ganancia económica aportan 353 plazas.

En total, son 280 los centros residenciales que ofrecen plazas para personas mayores en la CAV, de las que 179 tienen ánimo de lucro, un 63,9%. La gran mayoría, 160, son de titularidad y gestión privada.
Es un dato elocuente, pero no el único llamativo de un informe que cifra en 15.873 el número de personas mayores alojadas en residencias, la inmensa mayoría de forma permanente: 15.244. Son también muchas más las mujeres que los hombres, 10.919 por 4.954

Menos espacio y personal

No es un dato menor, por ejemplo, que los centros con ánimo de lucro sean los que menor proporción de habitaciones de uso individual ofrecen. En concreto, si la media de estancias individuales por centro es del 55,9%, en el caso de las residencias de titularidad y gestión privada con ánimo de lucro se queda un punto por debajo (54,9%), aunque ese porcentaje es muy inferior, solo el 42,8%, en los centros de titularidad pública pero gestión privada con lucro. En estos, la mayoría de las personas residentes comparte habitación.

Por el contrario, en el caso de los centros residenciales de titularidad y gestión pública el porcentaje está por encima de la media, un 59,5%, y es incluso mayor en los que son de gestión privada pero no tienen ánimo de lucro, tanto de titularidad pública como privada, donde superan el 60% (61,6% y 60,3%), respectivamente.

Por tanto, hay casi veinte puntos de diferencia entre los centros de titularidad pública y gestión privada en función de si buscan o no beneficio económico, lo que tiene sentido, pues aquellas tratan de optimizar el espacio para maximizar ganancias –más habita- ciones dobles, mayor número de ‘clientes’– pero es chocante teniendo en cuenta que en ambos casos la propiedad es de la administración pública.

El informe también ofrece el dato del número de personas residentes que están empadronadas en sus respectivos centros, que llega al 70,7% en los centros de titularidad y gestión pública, casi 17 puntos por encima de la media: 53%

Otro elemento que puede ser indicativo de la dispar calidad en el servicio dependiendo de su carácter más o menos lucrativo es el de la ratio de personal destinado al cuidado. A este respecto, los centros de titularidad y gestión pública tienen con diferencia la mejor ratio de trabajadores y trabajadoras de atención directa de primer nivel –personal de apoyo directo– por residente, 0,67.

A distancia les siguen los de titularidad pública y gestión privada sin lucro (0,55), y con ratios parecidas (0,44-0,45) los otros tres tipos de centro.

Si tenemos en cuenta también el resto de personal –de atención directa de segundo nivel y de  atención indirecta–, la ratio de los centros de titularidad y gestión pública es de 1,13, mientras que, en el otro extremo, en los que son de titularidad pública pero cuentan con una gestión privada y tienen ánimo de lucro, la ratio personal/residente es de 0,67. La diferencia es muy grande.

Un sector feminizado

Precisamente, el de fijar unos ratios de personal adecuados ha sido una de las demandas expuestas en los últimos años en un sector donde las huelgas y las movilizaciones por un convenio justo han sido habituales. Un sector donde, además, las mujeres representan la gran mayoría de las personas empleadas, 14.553 hace dos años.

El estudio del Ministerio cifra en un 85,5% el porcentaje de mujeres en el conjunto de las plantillas de los centros residenciales, con pocas variaciones –del 89,5% al 82,1%– en función de la titularidad, la gestión y objetivos del centro.

Esos porcentajes entre mujeres y hombres se mantienen con independencia de que se trate de personal de plantilla, 12.787, o subcontratado: 1.766. Aunque, respecto al tipo de relación laboral, es un dato reseñable que la mayor proporción de personal subcontrata- do, hasta un 28,7% del total, se da en las residencias de titularidad y gestión públicas.

En el resto de los centros, el porcentaje de trabajadoras y trabajadores subcontratados oscila entre el 8,6% –centros de titularidad y gestión privada sin lucro– y el 6,2% –titularidad y gestión privada con lucro–. En total, el 12,1% de las personas que trabajan en residencias son subcontratadas.

Respecto a la jornada laboral, el 67,3% trabaja a jornada completa y un 32,7% tiene jornada parcial. En este caso, la diferencia entre los centros con o sin ánimo de lucro es evidente, pues los primeros tienen un mayor porcentaje de personal empleado a tiempo parcial –un 34,2% y un 39,8%, respectivamente, en los centros de titularidad y gestión privada y los de titularidad pública y gestión privada– que los que no buscan beneficio.