La Diputación de Bizkaia ha anunciado este miércoles que devolverá 106.7 millones de euros a los y las pensionistas vizcaínos que cotizaron a una mutualidad con anterioridad a 1979, a la vez que lo hacían también en la Seguridad Social. Lo articulará a través de una devolución del IRPF correspondiente al ejercicio de 2023.

Se trata de una problemática común a otros herrialdes vascos y que ha salido a la luz tras una sentencia del Supremo. En Gipuzkoa se ha anunciado igualmente la devolución de unos 21 millones, de momento a quienes cotizaron doblemente antes de 1967, situación que afecta a unas 26.000 personas. En Araba se anuncian también soluciones vía IRPF para un total de afectados que llega a 52.000 personas. Por lo que respecta a Nafarroa, se anuncia un debate al respecto en la recién creada mesa de negociación para una reforma fiscal, después de las movilizaciones de estos mutualistas.

En el caso de Bizkaia, la Diputación anuncia que ha atendido el 85,5% de las 128.047 declaraciones presentadas por las y los pensionistas vizcaínos con cotizaciones a la Seguridad Social anteriores a 1979, ya que para el resto «no cambia el resultado de su declaración por no soportar retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en sus pensiones, o por haber tenido derecho a la devolución de la totalidad de las declaraciones soportadas por otras circunstancias económicas o personales de su declaración».

Unos 1.000 euros de reducción en Bizkaia

Explica que en conjunto de los dos procesos de aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo a las declaraciones del ejercicio 2023, «los y las pensionistas de jubilación o invalidez con cotizaciones a mutualidades laborales anteriores a 1979, 109.509 personas, han visto reducida su carga tributaria en una media de 974,47 euros».

«Hay que poner en valor, además, que la Hacienda Foral de Bizkaia ha desarrollado este proceso de oficio, recabando la información necesaria de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de la manera más sencilla posible para los y las contribuyentes –esgrime la Diputación–. De igual modo ha facilitado al máximo la solicitud de la revisión de las liquidaciones de los cuatro ejercicios anteriores no prescritos, (2019, 2020, 2021 y 2022), reduciendo al máximo los costes fiscales indirectos que el proceso pueda implicar para las personas afectadas».

El coste estimado para la Hacienda Foral de Bizkaia de todo este proceso podría ascender a 432 millones de euros.