El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves sin ningún voto en contra la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que permitirá que se puedan utilizar en los tribunales, incluido el Supremo y la Audiencia Nacional, «cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas».

Ningún grupo ha rechazado el texto, ya que PP, Vox y UPN se han abstenido, y PSOE, Sumar y sus habituales socios parlamentarios lo han apoyado. La ley se remite ahora al Senado para que continúe allí su recorrido parlamentario.

En concreto, el Pleno ha debatido el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia que también pretende ampliar las garantías de ciudadanos y abogados ante los tribunales y busca extender las causas de fuerza mayor para pedir la suspensión de procedimientos judiciales.

El proyecto de ley, además, extiende el derecho de defensa a los medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, el arbitraje y la conciliación; y reconoce el derecho a un lenguaje claro en los actos, resoluciones y comunicaciones procesales.

Asimismo, permitirá que los abogados pidan la suspensión del procedimiento judicial o el nuevo señalamiento de actuaciones procesales en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado de menor, la adopción o acogimiento, la hospitalización de cónyuge o fallecimiento de un pariente, entre otros. También podrán solicitar la suspensión por accidente o enfermedad propia que requiera hospitalización o por baja médica sin hospitalización.

Por segunda vez

Este proyecto de ley fue aprobado inicialmente en abril de 2023 a propuesta de la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, pero decayó al disolverse las Cortes por el adelanto electoral y fue recuperado por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero de este año.

Aunque ha celebrado que se amplíe el uso de las lenguas cooficiales en la judicatura, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha asegurado que va a ser «de difícil aplicación». «Les reto a que consulten cuál es el número de magistrados y de fiscales que tienen conocimiento, por ejemplo, del euskara», ha señalado.