En el año 2019, el Ayuntamiento de Donostia aprobó una «ordenanza reguladora de las ocupaciones en los espacios de dominio y uso público», que entre otros aspectos dedicaba un capítulo a la extensión de los comercios a la calle, es decir, los expositores de productos, carteles, elementos decorativos y otros elementos no fijos que se sacan a la calle cuando se abre la tienda y que se recogen al cerrar.

Antes, el Plan de Turismo 2017-2021 ya había alertado de que esta expansión estaba teniendo ya «algunas implicaciones sobre la calidad del paisaje urbano, especialmente en la Parte Vieja». Y añadía que «carteles, expositores, veladores, marcas globales se convierten en factor de deterioro y banalización paisajística, a pie de calle, pero también en plantas superiores». Hacía falta, pues, una normativa para evitar la barra libre.

Dicha ordenanza contempla el espacio que pueden ocupar estos elementos, su anchura y altura, cuáles son los mínimos que se deben dejar para el tránsito de personas, el estado en el que deben mantenerse esos elementos, su luminosidad, la prohibición de básculas o cajas registradoras…

Como otros usos privados del espacio común y que cuentan con su propia ordenanza (terrazas, andamios…), la instalación de estos elementos necesita el correspondiente permiso municipal –previa solicitud– y ha de abonar las tasas fijadas.

«Una engañifa»

Hace unos meses, Parte Zaharrean Bizi solicitó al Ayuntamiento información sobre el listado de establecimientos que cuentan con dicha autorización. Su primera sorpresa fue que solo hay 166 comercios con permiso en toda la ciudad. A juicio de esta asociación vecinal, se trata de «una engañifa», ya que «el número de ocupaciones es bastante mayor».

Además de eso, en la documentación se constata que «el Ayuntamiento no está cobrando la tasa» y que las autorizaciones «no son controladas». El argumento empleado por el Consistorio es que «tanto el procedimiento de autorización como el seguimiento y cobro de la tasa requiere de un sistema apropiado de gestión y recursos personales suficientes que el Servicio de Ocupación del Espacio Público no dispone». Es decir, que no se han puesto los medios para hacer cumplir la normativa, con lo que esta queda en papel mojado.

Parte Zaharrean Bizi ha calculado que en estos años las arcas municipales han dejado de ingresar 227.000 euros por no cobrar las tasas a quienes solicitaron el correspondiente permiso. Por no hablar de «aquellas ocupaciones que carecen de autorización o que, estando autorizadas, ocupan más espacio que el solicitado». Para esta asociación vecinal existe una dejación de funciones a la que «si no se pone remedio habrá que seguir sumando más euros», mientras «se sigue produciendo el deterioro del paisaje urbano».