El PP quiere exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que extienda la vida útil de las centrales nucleares atendiendo a criterios técnicos y económicos. El Pleno acogerá este martes un debate que obligará al resto de partidos a fijar su posición.

La discusión será a raíz de una proposición no de ley impulsada por la formación de derecha y con la que busca revocar el cierre de las nucleares previsto entre 2027 y 2035. Se votará previsiblemente el miércoles, según figura en el orden del día del Pleno.

La iniciativa fue registrada en octubre en la Cámara Baja y su debate llega en pleno choque entre el Gobierno español y el Ejecutivo extremeño por el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres.

En el Estado español actualmente hay cinco centrales nucleares en funcionamiento, que albergan un total de siete reactores, dos de ellos en Almaraz, otros dos en Ascó (Tarragona) y sendos reactores en las centrales de Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós (Tarragona).

Según defienden desde el partido de Alberto Núñez Feijóo, mantener operativas las centrales «contribuye a la autonomía energética de España, reduce la dependencia de fuentes de energía externas y, por tanto, la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional».

En otro de los puntos de la iniciativa, el PP urge al Gobierno de Sánchez que facilite la «sostenibilidad económica» de las instalaciones nucleares de modo que se refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reacción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También abogan por promover un diálogo compartido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las centrales nucleares, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirán su impacto.

Al hilo de esto, el PP insta al Ejecutivo a solicitar los informes pertinentes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) para evaluar el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Abrir la puerta a nuevos permisos

Otro de los puntos que el Grupo Popular quiere someter a votación urge al Gobierno español a adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento de la UE de la Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de energía nuclear.

Y también que se promuevan las iniciativas legislativas necesarias para la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según el cual no se admiten nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, ni tampoco se admiten nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos.

Por último, el PP pide que se revise el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019 y también que se traslade todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y le requiera para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas consideraciones.