El 2 de enero entró en vigor el Real Decreto 666/2023 que, entre otras cosas, obliga a los veterinarios a comunicar qué antibiótico prescriben a los animales de compañía que atienden, mediante el servicio PresVet, siguiendo a una normativa europea aprobada en 2018 en respuesta a la preocupación del sector sanitario por la resistencia a los antibióticos que se desarrolla cuando hay una exposición continuada.

Aunque la ley provenga de ese reglamento europeo, el Estado español ha decidido aplicarla añadiendo aún más restricciones que perjudican a los animales, y también a los profesionales al añadirles carga burocrática.

Los veterinarios nos están contentos con esta nueva ley, pues consideran que no tienen libertad a la hora de tratar a sus pacientes. Conocida como Ley de Medicamentos Veterinarios, los profesionales indican que esta pone en peligro la vida de las mascotas en situaciones urgentes Ya pasó en Galicia: una perra llamada Selva murió por una sepsis al no administrarle a tiempo el tratamiento adecuado debido a las restricciones que impone la ley, que también obliga a realizar un cultivo previo para justificar el uso del medicamento.

Los veterinarios que no respeten la ley se enfrentan, además, a multas cuantiosas. Por todo ello, se ha generado mucha preocupación en el sector y piden que la ley sea derogada o modificada, al considerar que no se ha contado con su criterio profesional.

PAROS PARA PROTESTAR

«Como veterinarios, no concebimos tratar a nuestros pacientes siguiendo una norma que limita nuestro ejercicio profesional», comentaba el Centro Veterinario Algorta en redes sociales, «no podemos prescribir solo por fichas técnicas, queremos poder hacerlo por evidencia científica, sin tener que escribir la justificación en cada ficha clínica del paciente».

Así, el 5 de marzo las clínicas veterinarias de Euskal Herria se sumaron a un paro convocado a nivel estatal que protestó contra las «sanciones abusivas», el 21% de IVA que se les aplica y el RD 666/2023. Juntos reivindicaron poder recetar sin barreras y usar responsablemente los antibióticos y medicamentos, pues no son «sanitarios de segunda». «La salud animal es la salud de todos», manifestaron en su concentración en Madrid.

En la protesta pidieron una moratoria en la obligación de notificación de las prescripciones. PresVet se considera un mecanismo rígido e ineficaz, frente al ya existente sistema ESUAVet para la vigilancia del consumo de estos medicamentos. Por ello, los profesionales solicitan tiempo para evaluar su viabilidad y operatividad antes de su implementación obligatoria.

Otro de los puntos de la reivindicación fue la restricción injustificada en el acceso a tratamientos para los animales, lo que compromete su estado sanitario, su bienestar y, en consecuencia, la Salud Pública. La profesión veterinaria insiste en que las decisiones sobre la salud animal deben ser tomadas por veterinarios y no estar sujetas a criterios administrativos.

Asimismo, exigieron la derogación del régimen sancionador asociado a las notificaciones a PresVet. En su lugar, se propone un nuevo sistema que garantice la proporcionalidad de las sanciones, evitando penalizaciones desproporcionadas para los profesionales.

Además, los veterinarios reivindicaron la habilitación legal para la venta al por menor de medicamentos destinados a los animales bajo su cuidado, un sistema que ya funciona con éxito en la mayoría de los países de la UE. También solicitaron la reducción del IVA en los servicios veterinarios, actualmente del 21%, para facilitar el acceso a los tratamientos y garantizar la salud y el bienestar animal.