La prisión provisional es una medida extraordinaria que los responsables del Consistorio bilbaino, con su alcalde al frente, están empeñados en que se extienda. Juan Mari Aburto lo ha verbalizado en una entrevista radiofónica este martes y, pocas horas después, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha pedido al Ayuntamiento «respeto institucional» en la formulación de opiniones sobre la labor jurisdiccional.

«Necesitamos que la figura de la prisión provisional esté más extendida». Así lo ha indicado este martes el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto, que ha advertido de que «mucha veces, el trabajo de la Policía Municipal no tiene posteriormente los efectos que gustaría por la aplicación de normas en el ámbito judicial».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el primer edil jeltzale ha manifestado que la Judicatura y la Guardia Urbana «deben trabajar para estar más coordinadas en una labor conjunta y que los atestados policiales estén conformados de manera adecuada y posibiliten un trabajo más fácil a los jueces».

«El peso de esa delincuencia debe estar cargado en varias mochilas y, entre todos, soportar esa situación trabajando conjuntamente», ha añadido tras asegurar que el Ayuntamiento «es consciente» de que la inseguridad ciudadana es la primera preocupación de los vecinos y vecinas de la ciudad.

«Adoptamos medidas para que descienda esa preocupación», ha apuntado, y ha aseverado que el Consistorio «trabaja para mejorar la actual situación con más presencia policial en la calle, buscando consensos políticos en el Pacto de Seguridad e implicando a los ciudadanos». Además, ha destacado que actualmente hay 900 agentes, lo que supone «un esfuerzo muy muy importante de carácter presupuestario».

Unas horas más tarde del pronunciamiento público de Aburto, el TSJPV ha informado de que el pasado viernes, 23 de mayo, su órgano de Gobierno acordó pedir al Ayuntamiento de Bilbo «respeto institucional» en la formulación de opiniones sobre la labor jurisdiccional, después de que el Consistorio se quejara porque un juzgado no decretara prisión provisional contra un detenido el 26 de abril por la Policía Municipal por «atentado contra agente de la autoridad, y lesiones y resistencia graves».

También le ha recordado que son los tribunales los legitimados para adoptar estas decisiones que, en todo caso, se pueden recurrir.

El Consistorio mostró su «profundo malestar» al conocer que el detenido había sido puesto en libertad, después de supuestamente haber propinado un cabezazo a un policía «dejándolo inconsciente» y romperle dos piezas dentales y uno de los huesos de la mandíbula, cuando iba a arrestarle por presunto decomiso de unos objetos sustraidos.

Jueces piden amparo

La Junta de Jueces de Instrucción de Bilbo trasladó esta cuestión a la Sala de Gobierno del TSJPV tras el escrito de queja remitido por el Área de Seguridad Ciudadana del Consistorio en el que, entre otras opiniones, expresaba su «profundo malestar» por la decisión de juzgado, en funciones de guardia, y recordaba que la Guardia Urbana había solicitado medidas cautelares en su atestado.

Por su parte, el órgano de Gobierno del TSJPV, reunido el pasado 23 de mayo, destacó, en un acuerdo, que «en la Ley –único criterio a tener en cuenta en un Estado de Derecho–, la competencia de la Policía Judicial abarca la obtención de fuentes de prueba de los ilícitos penales y de sus posibles autores o partícipes, la puesta a disposición, en su caso, de las personas detenidas y la adopción de las medidas de protección» de las víctimas.

Por ello, advirtió de que, «en ningún caso», se le confiere legitimación para instar la adopción de la prisión provisional o de cualquier medida cautelar restrictiva de derechos que solo «residencia en las acusaciones».

A partir de estas previsiones legales, la Sala de Gobierno insiste en la necesidad del «respeto institucional en la formulación de opiniones sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, evitando el cuestionamiento de la legitimidad de las juezas y jueces para adoptar las decisiones que en exclusiva les compete».

Según recuerda, estas resoluciones, en su caso, «podrán ser revisadas a través de los recursos legalmente previstos promovidos por quienes tienen reconocida legitimación para ello».

Detenidos en Iturribide

El alcalde también ha sido preguntado por el arresto este lunes de seis individuos en la calle Iturribide acusados de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y robo a tres hombres. Según la agencia Efe, quedaron en libertad provisional con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.

Aburto ha comentado que «ojalá la Justicia haga su labor y se pueda ofrecer más tranquilidad al vecindario. La calle Iturribide ha mejorado notablemente desde el punto de vista urbanístico y habrá que trabajar para que la mejora social también sea notable».