La UE ha decidido posponer, una vez más, la decisión sobre la oficialidad de euskara, catalán y gallego. De nada ha servido la petición del secretario de Estado español, Fernando Sampedro, instando a sus socios europeos «no secuestrar o retrasar» el debate. 

«Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente», ha apuntado Sampedro en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Generales, que se ha celebrado en Bruselas.

Según ha indicado, la propuesta española «no tiene ningún impacto negativo para ningún Estado miembro. Por lo tanto, consideramos que debe ser posible aprobarlo a la mayor brevedad posible».

Ha asegurado que el Gobierno español «ha abordado todas las dudas» políticas, económicas y jurídicas que han manifestado los Estados de la UE desde que la oficialidad de las lenguas se discutió por primera vez en septiembre de 2023.

Y ha aseverado que «está claro que no se necesita una revisión de los tratados» europeos, como opinan los servicios jurídicos del Consejo de la UE.

«Los tratados son muy claros, dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado», ha explicado, incidiendo en que «se trata de terminar con una discriminación».

«Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países», ha afirmado Sampedro, quien también ha reiterado que el Estado español está dispuesto a asumir el coste de la propuesta.

Posiciones a favor y en contra

El ministro de Exteriores de Luxemburgo, en cambio, ha señalado que «realmente no es el momento adecuado» de aprobar la oficialidad de euskara, catalán y gallego, vinculando los derechos lingüísticos con las sanciones a Rusia o el genocidio de Gaza. 

«Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskara y el catalán?», preguntó retóricamente Bettel.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, ha apuntado que «muchos Estados miembros necesitan más tiempo porque hay dudas, especialmente jurídicas», en las que también se escudan el Estado francés, Finlandia y Austria.

La propuesta sí cuenta con el respaldo de Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal. 

Lakua: «Europa no puede construirse negando su diversidad»

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha considerado de «muy difícil justificación» que no se reconozca la oficialidad del euskara en la UE: «Es una cuestión de justicia, igualdad y respeto a los derechos lingüísticos de millones de ciudadanos europeos», ha apuntado.

Bengoetxea, en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Lakua, ha destacado que el euskara es «un idioma vivo», que «forma parte también de la identidad europea y es un patrimonio cultural». «Europa no puede construirse negando su diversidad», ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que se sienten «esperanzados hacia el futuro porque este es un largo camino, y el de hoy ha sido un paso más hacia adelante». «Hasta la fecha nunca se había llegado tan lejos», ha precisado.

Generalitat: «No vamos a parar»

En este sentido, el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha destacado que el Govern y el PSC «no pararán» hasta lograr la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea.

«No vamos a parar y esto va a acabar saliendo por la sencilla razón de que la razón está de nuestra parte», ha trasladado en una comparecencia ofrecida en Santiago de Compostela, donde ha cargado contra la postura en contra del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: «¿Qué le ha hecho el catalán? ¿Qué le ha hecho el gallego? ¿Qué le ha hecho el euskera?», ha preguntado Illa.

Xunta: «No es una cuestión razonable»

Precisamente el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galiza, José López Campos, ha justificado lo ocurrido en Bruselas, y ha señalado que destinar 132 millones de euros cada año para la implementación de esas lenguas cooficiales «no es una cuestión razonable». 

«Estamos hablando nada más y nada menos de 132 millones de euros cada año que el Gobierno de España tendría que asumir para la implantación de esas lenguas cooficiales. Creo que podemos replantearnos, debatir y analizar distintas fórmulas en las que esos recursos puedan ser perfectamente útiles en cuestiones fundamentales», ha apuntado.