NAIZ
MIAMI

Vulneraciones y deportaciones en el primer mes de Alligator Alcatraz

El centro de detención para migrantes abierto en Miami y bautizado por el presidente estadounidense como Alligator Alcatraz ha cumplido ya un mes. Rodeado por caimanes y serpientes, se jactó de que es casi imposible escapar del lugar. Activistas denuncian opacidad y violaciones de derechos humanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó el centro de detención el 1 de julio, dos días antes de su apertura.
El presidente estadounidense, Donald Trump, visitó el centro de detención el 1 de julio, dos días antes de su apertura. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS)

El centro de detención migratorio abierto en el humedal de los Everglades, en Miami, y bautizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como Alligator Alcatraz ha cumplido ya un mes en funcionamiento. Grupos civiles han denunciado la insalubridad de esta instalación, rodeada por caimanes y serpientes y que alberga a «más de 1.000 hombres en carpas vulnerables a inundaciones». Al menos seis personas han tenido que ser hospitalizadas debido a las duras condiciones.

«El campamento de internamiento es una atrocidad en nuestra comunidad», remarca en un comunicado conjunto Tessa Petit, directiva de Florida Immigrant Coalition (FLIC).

Agrega que el concepto es «moralmente repugnante porque imita campos de concentración» y las condiciones en las que se mantiene a las personas detenidas «generan graves preocupaciones médicas».

Detalla que los sistemas de baño y fregadero, si no se limpian adecuadamente, pueden provocar contaminación ambiental grave y alerta sobre la falta de control de temperatura dentro de «las jaulas».

«La exposición prolongada al calor no solo facilita la propagación de gérmenes y virus, sino que puede causar problemas graves de salud, incluso paro cardíaco», advierte.

En el mismo texto, Armen Henderson, director ejecutivo de Dade County Street Respons, incide en que «al encarcelar a personas inocentes en carpas rodeadas de cercas y alambre de púas, sin saneamiento adecuado, esto no es otra cosa que un campo de concentración. Es una crisis de salud pública que se desarrolla en nuestro propio patio trasero». El comunicado alude a un estudio de la Escuela de Salud Pública de Yale, que reveló que la zona está infestada con más de 7.000 millones de mosquitos, muchos de los cuales portan virus peligrosos como el del Everglades, zika, dengue y Nilo Occidental.

Por su parte, el director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, Jeff Migliozzi, considera, en declaraciones a Efe, que «este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión».

El pasado 22 de julio, familiares de los migrantes detenidos exigieron el cierre de este «campo de concentración».

Durante la protesta, Sonia Bichara recibió una llamada de su esposo, Rafael Collado, cubano de 63 años al que enviaron a Alligator Alcatraz después de que el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) lo detuviera tras una cita migratoria. «Esto es una jaula de perros», expresó Collado por el altavoz del teléfono. «Casi no te dejan dormir, es como una tortura mental que están usando para ver si alguien se rebela para entonces ellos usar la violencia», manifestó. Collado es uno de los 1.000 hombres encerrados en «jaulas».

Bichara lamentó que haya jóvenes detenidos en Alligator Alcatraz por pequeñas faltas de circulación o por andar sin licencia de conducir.

Entre ellos está Michael Borrego, un hombre 35 años al que, tras un arresto de tránsito en Orlando, llevaron al centro, donde ha requerido una cirugía por una hemorragia y una intervención por dolores en el pecho, según narró su madre, Yaneisy Fernández, quien tildó el lugar de «campo de concentración».

En la protesta, en la que una activista se desmayó por el calor y necesitó atención médica, mostraron carteles con lemas como “No a Alligator Auschwitz” y “El mundo entero está observando”.

Fernández y Borrego se han sumado a la demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) para exigir el cierre del lugar ante la falta de acceso al derecho a una defensa legal y al debido proceso.

Entre las peticiones de organizaciones como AFSC está el desalojo inmediato del centro de detención, verificar la salud de todos los detenidos, evaluaciones médicas para aquellos que han sido liberados y acceso completo a abogados. María Asunción Bilbao, coordinadora de campañas en AFSC en Florida, demandó «el cierre de esta instalación y que dejen de perseguir a la gente como la están persiguiendo».

«Es una cacería y cuando están hablando de criminales es mentira. Yo soy organizadora comunitaria y recibo llamados todos los días: son papás, son mamás, son sus vecinos, es la persona que les cuida a sus hijos, a cualquiera le puede suceder», advirtió.

UN «HUB» PARA LAS DEPORTACIÓN

Según informó el 29 de julio el gobernador de Florida, Ron DeSantis, 500 migrantes han sido deportados en vuelos desde Alligator Alcatraz.

«Han deportado a más de 100 (directamente) desde ahí y también han volado desde ahí 300 o 400 más que o bien ya han sido deportado o están esperando su deportación desde otros lugares en Estados Unidos. Así que es como un hub», dijo en el marco de la conferencia de verano de la Asociación de Alguaciles de Florida.

Las aeronaves, operadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pueden deportar de manera directa a los migrantes desde el sitio o si son «de seis o siete países diferentes», los trasladan a otros estados, donde los segregan para deportarlos en otros vuelos, precisó DeSantis.

Aunque dijo que estos vuelos son «responsabilidad del DHS», destacó que incrementar el ritmo de los mismos es beneficioso para Florida porque será un «enorme elemento disuasivo».

Reiteró que «está listo» para erigir otro centro de detención en Camp Blanding, pero que no lo hará hasta que haya «un ritmo» de deportaciones desde Alligator Alcatraz.



Congresistas denuncian obstrucción

Una docena de congresistas demócratas, entre ellos varios líderes del Caucus Hispano, han demandado ante un tribunal federal a la Administración de Donald Trump por negarles el derecho a acceder a centros de detención para migrantes para evitar que supervisen las condiciones bajo las que viven los migrantes. «La obstrucción de la supervisión del Congreso no es solo una afrenta a la Constitución, sino una amenaza para nuestra democracia», señaló el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat. «Desde el primer día hemos sido testigos de los esfuerzos sistemáticos de la Administración para deshumanizar a los inmigrantes, detener a decenas de miles, incluidos ciudadanos estadounidenses, y utilizar a las agencias federales como arma para implementar una agenda de deportación masiva basada en la crueldad y el caos».



Ecologistas critican el impacto ambiental

Agrupaciones ecologistas han criticado el impacto de los vuelos en los Everglades, donde hay 36 especies nativas en la lista federal de especímenes amenazados o en peligro, como panteras y caimanes.

El centro de detención fue construido de forma récord en apenas unos días sobre una pista aérea remota y abandonada en medio del humedal de los Everglades, refugio de caimanes, pitones y también de varias especies de fauna y flora protegidas.

«Esta es una catástrofe en los Everglades que está ocurriendo frente a nuestros ojos, por lo que hemos emprendido la acción legal», manifestó Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, que lidera la campaña “Stop Alligator Alcatraz”. Denunció las «amenazas graves que representa este campo masivo de detención en el corazón de los Everglades», al señalar los camiones que trasladan combustible para aviones y desechos humanos, además de al menos 20 acres (casi 81.000 metros cuadrados) de pavimento nuevo. La preocupación de las asociaciones por la apertura del centro, sin una evaluación de impacto ambiental previa, aumentó tras el anuncio del gobernador, Ron DeSantis, sobre que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a operar vuelos con deportados desde el lugar, donde hay un aeropuerto que no se utilizaba. «El ritmo está incrementando. Hemos tenido ya cierto número de vuelos en los últimos días, hemos removido a cientos de ilegales desde aquí», dijo ayer DeSantis.

La directora para Florida y el Caribe del Center for Biological Diversity, Elise Bennet, resaltó que «esta abominación está creciendo como un cáncer, poniendo en peligro a las aguas y la vida silvestre». Afirmó que persistirán con la demanda presentada el 27 de junio para frenar el proyecto, que, por ahora, tiene una capacidad para 2.000 detenidos y crecerá hasta los 4.000. «Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para detener este esquema cruel», añadió.