El movimiento BDZ, que impulsa el boicot a Israel, ha acusado al lehendakari del Gobierno de Lakua, Imanol Pradales de «mentir de manera deliberada y muy grosera» sobre CAF en una entrevista en Euskadi Irratia este miércoles. CAF es una de las empresas que han sido denunciadas por sus vínculos con el proyecto sionista, concretamente por la construcción del tranvía ligero de Jerusalén, que impulsa las colonias ilegales.

«Pradales sabe muy bien (o al menos deberían saberlo muy bien sus asesores legales) que falta a la verdad al afirmar que el proyecto que CAF viene desarrollando en Jerusalén ha sido alguna vez legal», destaca BDZ, que recuerda que Francesca Albanese, relatora de derechos humanos de la ONU, ya lo calificó de ilegal en un informe elaborado en 2019, cuando fue adjudicado a CAF.

BDZ añade que empresas internacionales como Alstom (Estado francés), Siemens (Alemania), Macquarie (Australia) o Bombardier (Canadá) se retiraron del concurso ante las denuncias de ilegalidad y que el propio comité de empresa de CAF pidió a la dirección que hiciese lo mismo.

Vulneraciones del derecho internacional

«El proyecto vulnera, entre otras, la resolución 242 de la ONU, que reconoce como ocupados los territorios anexionados por Israel a partir del armisticio de 1949, y por donde transcurre el recorrido de la línea ferroviaria que está construyendo CAF. Dicha resolución fue publicada en noviembre de 1967, 52 años antes de que le fuera adjudicado a CAF el contrato en cuestión», añade BDZ.

«También vulnera las resoluciones de la IV Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de población de la potencia ocupante al territorio ocupado y la construcción de infraestructuras permanentes para abastecer a dichos asentamientos ilegales. La IV Convención de Ginebra se celebró en agosto de 1949, 70 años antes de que CAF se hiciera con el contrato del tranvía del apartheid», subraya BDZ.

«El señor Pradales atina al poner en duda la pertinencia ética del proyecto que CAF desarrolla en Jerusalén, pero miente groseramente al asegurar la legalidad del mismo. La colaboración de CAF con el régimen colonial israelí, además de poco ética, es a todas luces ilegal según el derecho internacional. Lo es ahora, cuando la corrección política obliga al Lehendakari a ponerlo en duda, y lo fue desde el momento de su adjudicación», denuncia el movimiento a favor del boicot a Israel.

Por ello, exigen a Pradales que, tal y como pidió una moción aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio, retire toda la financiación pública de CAF, «en tanto en cuanto siga registrada en el informe de la relatora de Naciones Unidas por financiar el genocidio».