La lehendakari navarra, María Chivite, encargó a la Oficina Anticorrupción (Oana) que revisara los expedientes de las seis adjudicaciones que la Administración Foral había realizado a Servinabar, la empresa clave del «caso Koldo». La Oana ha revisado cuatro de ellos y ha remitido sus informes a la comisión de investigación parlamentaria. En tres ha apreciado irregularidades graves: el referente a los desdoblamientos de Belate, una promoción de 62 VPO en Erripagaina y otra promoción de 46 viviendas protegidas también en esa zona de Iruñerria. 

En cuanto a la adjudicación de las obras en el Palacio de Navarra, la directora de la Oficina, Edurne Eguinoa, se ha inhibido, alegando que era directora general de Presidencia e Interior en el momento de la concesión de esos trabajos.  

La primera de las adjudicaciones, relativa a la reforma de las oficinas del Navarra Arena, no ha sido analizada debido a que la información no se remitió a tiempo a los inspectores.

Para la Oana, la adjudicación del desdoblamiento de Belate es, directamente, «nula de pleno derecho». La Oficina recuerda que el presidente de la mesa de contratación votó conociendo las puntuaciones del resto de miembros y que, gracias a su pronunciamiento, la UTE Acciona-Servinabar resultó la adjudicataria de las obras. 

Considera que al ser esta votación presuntamente irregular «esencial» para la adjudicación, «en conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015», esta circunstancia implica «la nulidad de pleno derecho de las actuaciones». 

Igual de rotunda se muestra con la adjudicación en 2018 (con Uxue Barkos en el Gobierno, por tanto) de 62 viviendas en Erripagaina. Refiere que el contrato para la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) promovido por Nasuvinsa y adjudicada a Acciona y Servinabar incurrió en «irregularidades graves» que lo hacen nulo de pleno derecho.

Así, señala que Nasuvinsa incumplió de manera «sistemática y continua» la Ley Foral de Contratos Públicos, ignorando principios básicos de transparencia y legalidad.

En cuanto a la construcción de 46 viviendas por parte de la empresa pública Nasuvinsa en Erripagaina en 2022, también adjudicado a una UTE formada por Acciona y Servinabar, la Oficina advierte de la ausencia de documentación preparatoria esencial, como el informe de necesidad, el informe jurídico y la fiscalización de la intervención. Además, señala que no se aprobó formalmente el expediente de contratación, requisito indispensable.

El Gobierno trata de contener la importancia de los informes 

El vicepresidente Félix Taberna había convocado de urgencia a la prensa esta mañana para avanzar la existencia de irregularidades, si bien, no ha llegado a precisar cuáles por respeto al Parlamento y las instituciones, según ha dicho.

Sí ha indicado que la Oficina no ve responsabilidades de otra índole que no sean administrativas y que tampoco señala que estas irregularidades hayan supuesto sobrecoste alguno o hayan afectado al erario público. 

El desdoblamiento de los túneles de Belate ha sido una de las concesiones más cuantiosas de los últimos años en Nafarroa. Se adjudicó por casi 63 millones de euros y, posteriormente, el Gobierno admitió pagar otros 8,5 millones más por imprevistos.

A fecha de hoy, las obras aún no han finalizado y, tras destaparse el papel que, según la UCO, tuvo Servinabar en el «caso Koldo», Acciona anunció en junio que había roto sus acuerdos con esta mercantil. 

Aierdi comparece desde un hotel como exgerente de Nasuvinsa

El vicepresidente José María Aierdi ha comparecido desde el Hotel Tres Reyes en calidad de exgerente de Nasuvinsa para responder jurídicamente al informe que le afecta, el de las 62 viviendas. Lo ha hecho de la mano con su sucesor en el cargo, Alberto Baiona, al que corresponde el informe referido a las 46 viviendas. 

Aierdi ha enumerado una serie de argumentos jurídicos para defenderse, asegurando que varias leyes que la Oana considera que deberían haberse aplicado a ese proceso de concesión no eran de aplicación. Algunas, por una cuestión de fechas. Así, ha señalado que la Oficina sostiene que la tramitación debería haberse realizado a través de la plataforma PLENA, pero que no estaba activa en ese momento. 

El exgerente sostiene que, en todo momento, su actuación se ajustó a los criterios de los servicios jurídicos de Nasuvinsa. Y señaló que la promoción estaba autorizada y se habían realizado las actuaciones preparatorias pertinentes. 

Aierdi ha tenido más complicado explicar por qué no hay actas de esa mesa de contratación. Ha alegado que él dejó la empresa pública hace siete años y que la custodia de la documentación compete a otros. «Las actas existieron», ha asegurado. 

También se le ha requerido que desvelara quién era el presidente de la mesa, dado que la Oana subraya que no consta que hubiera ninguno. Aierdi no ha sabido concretarlo. Ha asegurado que había dos vocales, un técnico y un secretario y que, necesariamente, uno de ellos hubo de ejercer de presidente, pero no sabe quién. 

Los periodistas le han preguntado también si estas aclaraciones las conocían el resto de miembros del Gobierno. Él ha asegurado que aún no, pero que el informe jurídico que sustentaba la rueda de prensa se iba a trasladar de inmediato al Gobierno. 

Asimismo, Aierdi ha asegurado que de 30 adjudicaciones que realizó Nasuvinsa solo dos recayeron en Servinabar. 

PSN: «Defecto de procedimiento»

El PSN ha reaccionado mediante una nota que subraya que «no existe corrupción ni ilegalidades dentro del Gobierno de Navarra, sino aspectos de mejora dentro de los procesos administrativos».

Incide en que el informe «no habla de corrupción ni de enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses entre los
miembros de la mesa, sino de un defecto de procedimiento administrativo que debe corregirse». Además, añade que «la Cámara de Comptos ya puso de manifiesto estas irregularidades y se corrigieron, pero en ningún caso manifestó un indicio de nulidad».

«Lejos de esconder nada, el Gobierno actuó con transparencia y colaboración institucional. Cuando se detecta un error, lo importante no es negarlo, sino afrontarlo con responsabilidad y soluciones. Eso es lo que hace el PSN-PSOE», apunta. A partir de ahí, acusa a UPN, sin citarlo, de que usar el informe «para generar ruido y tratar de desgastar políticamente».

El Gobierno tampoco comparte las conclusiones de Anticorrupción

En esa misma línea, el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Nafarroa, Óscar Chivite, ha recalcado que el Ejecutivo es «un gobierno contra la corrupción, aliado de la transparencia y la ética», pero ha dejado claro que no comparte las conclusiones de Anticorrupción.

«El expediente de Belate es probablemente uno de los más estudiados y analizados por la Administración Foral», ha señalado el consejero, quien ha agregado que el informe se limita al ámbito administrativo de la Mesa de Contratación, «un órgano independiente en el que no participan ni consejeros, ni directores generales, ni la presidenta del Gobierno». «Irregularidades administrativas no son ilegalidades y mucho menos corrupción», ha insistido.

Chivite ha defendido la independencia de la Mesa de Contratación y ha asegurado que el presidente de este órgano «tenía sus puntuaciones decididas antes de recibir las de otros cuatro miembros», en contra de lo recogido en el informe de la Oficina Anticorrupción, que señala que fijó su valoración conociendo previamente las notas del resto.

De esta manera, ha citado también al presidente de la Cámara de Comptos, quien en el Parlamento aseguró que la asesoría jurídica había analizado «profunda y detenidamente» el contrato de Belate sin detectar responsabilidades contables ni de otra naturaleza: «Esto avala la posición que siempre defendimos en el Gobierno de Navarra, que la adjudicación se resolvió de forma legal y transparente».

Pese a su rechazo a la nulidad planteada por la OANA, el consejero ha anunciado que ha encargado a la Secretaría General Técnica un análisis jurídico de las conclusiones de Anticorrupción, cuyo criterio, ha remarcado Chivite, «no paraliza las obras».

Preguntado por las dudas sobre la independencia de las valoraciones, Chivite ha respondido que la normativa permite que las decisiones se adopten «de forma simultánea o sucesiva» y defendió que hubo intercambios de correos, reuniones e informes: «Otra cosa es que la OANA tenga un criterio distinto, pero no lo compartimos».

Finalmente, el consejero ha recordado que, además del informe de la OANA, siguen abiertas auditorías externas y una comisión parlamentaria de investigación. «Esperaremos a que concluyan todos los procesos para dar una valoración definitiva», ha afirmado.