La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, con 68 nuevas firmas, entre ellas la vasca CAF.

La lista de 2023 incluía 97 empresas, de las que siete han sido eliminadas, por lo que ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también hay seis de EEUU, dos del Estado francés, otras dos de Reino Unido, una vasca y otras tres del Estado español.

Esto se produce apenas unas horas después de que la empresa defendiese su proyecto en Cisjordania, en un comunicado en la que justifica el proyecto, afirmando que lo analizó previamente al ser consciente de las implicaciones y que «hasta la fecha no se ha identificado ninguna vulneración de los derechos humanos ni se ha materializado ningún impacto adverso».

Este viernes, además, el lehendakari Imanol Pradales también ha defendido a CAF, aunque se ha limitado a responder a las palabras del parlamentario de Sumar Jon Hernández diciendo que CAF no está ligada a ningún proyecto criminal ni está ligada a la ocupación. «Eso no es así. En política no vale todo».

Tanto CAF como las tres del Estado español han participado en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que une esta ciudad en algunas de sus líneas con paradas en territorios ocupados.

Otras firmas no israelíes destacadas en la lista son las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking, la también norteamericana Motorola Solutions, la empresa de ingeniería francesa Egis y su filial ferroviaria, o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.

La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que «tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto en los derechos humanos» de sus actividades.

El alto comisionado pide responsabilidades

Según el alto comisionado Volker Türk, al frente de la oficina de Naciones Unidas, la lista subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y se cumpla la debida diligencia a la hora de operar en contextos de conflicto, «con el fin de garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos».

La oficina también anima a los once Estados con empresas en la lista (los arriba citados más Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos, con una firma cada uno) a tomar medidas al respecto.

«Deben garantizar con medios judiciales, administrativos, legislativos u otros que cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a remedios efectivos», ha destacado.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre hasta 596 empresas posiblemente involucradas en actividades en la Cisjordania ocupada, pero solo pudo estudiar hasta el momento una tercera parte del total.

Todas las empresas de las que se habían presentado alegaciones fueron informadas sobre ello e invitadas a colaborar, ha destacado el organismo de la ONU, aclarando que su mandato no incluye estudiar actividades en Gaza.

El Consejo de Derechos Humanos encargó en 2016 a la oficina la elaboración y actualización de esta lista, centrada específicamente en actividades que incluyeran el abastecimiento de materiales para la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y propiedades de los palestinos, seguridad y vigilancia, uso de recursos naturales, u operaciones que contaminaran localidades palestinas.