El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han reconocido los hechos de los que se les acusa en el último juicio de esta macrocausa por corrupción que salpicó al PP y en la que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional española, donde ha precisado que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio público a cambio una condena menor.

Se trata del juicio relativo a la última pieza –denominada principal– sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas». Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.

En su escrito de acusación, dado a conocer antes del acuerdo de conformidad, la Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de la Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.

Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.

«Fundamentalmente», detalla, «con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad».

Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía «contratos mediante sobornos a cargos públicos» se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.

«Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos», indica.

La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la «connivencia» de otros acusados para armar una «trama de confección de facturas falsas» con la «triple finalidad» de sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal –la ‘caja B’–; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.

199 millones de euros

El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.

La macrocausa de la trama Gürtel se separó en trece ramas y ha tenido de todo: tres condenas al PP, dos absoluciones del expresidente valenciano Francisco Camps, el paso de un tesorero por prisión –Luis Bárcenas–, condenas a dirigentes del PP y al mismo partido, y una moción de censura que sacó de la Moncloa a Mariano Rajoy.

Tras años en prisión, la situación de los principales condenados es la siguiente: Correa y Crespo disfrutan desde hace tiempo del tercer grado, tras cumplir la mitad de su condena, y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, ya puede pasar fines de semana alternos en casa.

También Bárcenas logró el tercer grado en 2024 –poco después que su mujer, Rosalía Iglesias– tras su paso por la cárcel de Soto del Real y por un centro de inserción social (CIS).