El juicio contra uno de los soldados responsables de la matanza del Domingo Sangriento en Derry, que tuvo lugar el 30 de enero de 1972 y que se saldó con la muerte de 14 civiles, está visto para sentencia.

El «soldado F» se enfrenta a dos cargos de «asesinato» por las muertes de Jim Wray y William McKinney, y cinco de «intento de asesinato» contra otras cinco personas –Joseph Friel, Michael Quinn, Joe Mahon, Patrick O'Donnell y una persona desconocida–.

El «soldado F», quien ha permanecido sentado en la Sala del Tribunal de la Corona de Belfast tras una cortina durante este juicio sin jurado, se ha declarado inocente de todos los cargos mientras los familiares de Wray y McKinney observaban desde la galería pública.

El juez Patrick Lynch anunció el pasado miércoles que emitirá su veredicto este jueves a las 10.00 de la mañana, hora irlandesa. Ese mismo día rechazó la solicitud de sobreseimiento de la defensa.

La petición del abogado defensor del «soldado F», Mark Mulholland, que en el juicio no ha presentado testigos, se basa en la supuesta falta de credibilidad de las declaraciones militares tomadas hace más de 50 años y en que el eje central de la acusación son las declaraciones de otros dos soldados, «G» y «H», cuyo testimonio, dijo, debía tratarse con la máxima cautela ya que dieron versiones diferentes en sus declaraciones ante la Policía militar y el tribunal Widgery en 1972 y, por tanto, son susceptibles de ser considerados «presuntos perjuros».

Esta es la segunda vez que el juez Lynch considera admisibles las declaraciones de ambos soldados –claves para los cargos de «asesinato» e «intento de asesinato»–. La primera fue el pasado 24 de septiembre, cuando la admisión a trámite de esta evidencia permitió la apertura del juicio oral el 29 de septiembre.

Esta decisión es de gran importancia para futuros procesos judiciales en el norte de Irlanda, ya que en gran parte de los casos de masacres cometidas por las fuerzas de seguridad británicas contra civiles irlandeses, los responsables han fallecido o se niegan a declarar.

Ese es el caso del «soldado G», ya fallecido, o del «soldado H», que se ha negado a declarar para evitar ser incriminado.

La defensa también desestimó los testimonios de los ocho testigos civiles que han declarado en las dos últimas semanas, quienes habían hablado de un solo soldado abriendo fuego en Glenfada Park North –donde murieron Wray y McKinney– en lugar de varios soldados actuando en concierto para abrir fuego contra civiles desarmados, como sugerían las declaraciones de los soldados.

«Sin justificación y con ánimo de matar»

Por su parte, el letrado de la acusación, Louis Mably, afirmó que el tiroteo en Glenfada Park North se llevó a cabo sin justificación alguna y con ánimo de matar, una acción que «incluye todos los supuestos para calificar los hechos de asesinato».

Mably consideró que hubo «ánimo de encubrimiento» en 1972, tanto por cómo se tomaron las declaraciones de los soldados como por su contenido, ya que tras haber abierto fuego contra civiles desarmados, los soldados inventaron varias teorías para justificar sus disparos, afirmando que las víctimas estaban armadas y temían por su seguridad.

Este tipo de declaraciones se enmarcan en la política británica en el norte de Irlanda. El entonces primer ministro británico, Edward Heath, quien comisionó la ahora denostada investigación del juez Widgery, argumentó que en aquellos años «en Irlanda del Norte no sólo estábamos librando una guerra militar, sino también una guerra de propaganda».

La sentencia es esperada con expectación por familiares y víctimas de la violencia de Estado en el norte de Irlanda, que hasta el momento han visto cerrados los cauces de acceso a los tribunales por la decisión de la Fiscalía de no proceder con casos basados en evidencia histórica.

La decisión del juez es también esperada con inquietud por los soldados británicos que actuaron en el norte de Irlanda y que ahora ven amenazada la impunidad de la que han disfrutado a pesar de los crímenes cometidos, y mientras Londres busca una estratagema legal para garantizar su inmunidad, evitando investigaciones y condenas que avergonzarían a un Estado británico que se niega a admitir su papel en el conflicto.