La Ertzaintza ha entrado este miércoles en las oficinas del Área de Urbanismo de Getxo en el marco de la investigación judicial abierta por el derribo del palacete Irurak Bat de Algorta. Se trata de determinar si en este caso se cometieron delitos de prevaricación y contra el patrimonio.

Además de los ertzainas que inspeccionan las oficinas municipales, agentes de la Policía Local se encuentran en el exterior del edificio Santa Clara, ubicado cerca de la sede del Ayuntamiento.

Después de varias horas, hacia las 13.00, tres agentes han sacado varias cajas que han transportado caminando hasta la comisaría de la Ertzaintza, a escasos metros de las oficinas registradas.

La operación responde a una orden emitida por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Getxo que investiga el derribo del palacete protegido de Algorta para construir pisos de lujo, promovidos por una cooperativa en la que participan dos concejales del PNV, Inazio Uriarte e Irantzu Uriarte. La denuncia original fue presentada por EH Bildu y también el PP ha acudido posteriormente a los tribunales.

Una de las claves de la investigación está en la denuncia del arquitecto municipal que se hizo cargo al inicio del expediente, experto en patrimonio, que asegura que fue apartado. Tras ese cambio, donde la arquitecta de planeamiento asumió la responsabilidad, se produjo el derribo del singular edificio de Algorta.

Antes, otra empresa había tratado de impulsar un primer proyecto inmobiliario en el solar de San Nicolás nº 11 pero renunció por los condicionantes que se le habían impuesto, que encarecía la operación. Un mes después de esa renuncia, la gestora de cooperativas Biurban presentó su proyecto, atendiendo a los requerimientos de Urbanismo y logró el plácet municipal. En un informe, la Policía autonómica sospecha que hubo «contactos previos entre trabajadores municipales y la gestora».

Ayuntamiento: «Ninguna irregularidad»

Al finalizar el registro, el Ayuntamiento de Getxo, gobernado por PNV y PSE, ha asegurado haber «colaborado activamente con la investigación judicial». 

La alcaldesa, Amaia Agirre, ha dicho no tener constancia de «ninguna irregularidad», tesis que viene defendiendo desde el inicio, aunque también es cierto que la primera edil se vio sorprendida por la participación de sus compañeros de partido en la cooperativa que está detrás de la edificación de las viviendas de lujo. Eso y otras cuestiones relacionadas con la gestión municipal abrieron una «crisis interna» en el seno del PNV getxoztarra, que continúa abierta, que tuvo su reflejo en una segunda reorganización del equipo de Gobierno.

Según ha manifestado tras el sobresalto de esta mañana por la visita de la Policía autonómica, «en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad» y el expediente se tramitó «correctamente, siguiendo los procedimientos habituales, con revisión del personal técnico competente y los informes necesarios».

Ha defendido que «cuando la promotora derribó parte del edificio sin el permiso correspondiente, el Ayuntamiento actuó con rapidez y con firmeza, se paralizó la obra de inmediato y se abrió el expediente sancionador a la empresa».

Según ha añadido, «si la investigación en curso acreditara alguna vulneración ética o legal, adoptaremos las medidas oportunas con toda la contundencia».

Los registros han afectado a determinados espacios de trabajo en áreas municipales vinculadas a la actividad urbanística y administrativa, si bien no ha interferido en la normal prestación de los servicios públicos, de acuerdo con el Consistorio.

El Ayuntamiento ha explicado finalmente que mantendrá informada a la ciudadanía conforme se levanten las restricciones impuestas por el secreto de actuaciones.

EH Bildu: «Consecuencia de meses de opacidad y obstrucción»

Para EH Bildu, el registro de la Ertzaintza «es la consecuencia directa de meses de opacidad y obstrucción del equipo de gobierno PNV-PSE», a quien responsabilizan de que desde el derribo del edificio protegido, en agosto de 2024, haya negado información, bloqueado comparecencias en el Consistorio, rechazado llevar el asunto a la Fiscalía y opuesto a personarse en el procedimiento penal.

Los soberanistas de izquierda han explicado que acudieron al Ministerio Público «para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades» después de que el Gobierno que preside Amaia Agirre impusiese una sanción «de solo 50.000 euros pese a que un informe municipal cifraba en más de 730.000 euros el beneficio obtenido por la promotora».

Confían que las actuaciones judiciales en marcha permitan esclarecer lo ocurrido y depurar todas las responsabilidades. «Esperamos también que estos hechos sirvan para que el equipo de Gobierno empiece a tomarse en serio la protección del patrimonio de Getxo –este no es un caso aislado, no es el primer edificio protegido cuyo derribo han permitido PNV y PSE– y, sobre todo, para cambiar un modelo de gobernanza basado en la opacidad», han señalado.

EH Bildu ha asegurado que «no va a mirar hacia otro lado». «Seguiremos impulsando todas las acciones políticas, administrativas y judiciales necesarias hasta que se conozca toda la verdad y se asuman responsabilidades», ha prometido, añadiendo que la tercero localidad más poblada de Bizkaia «merece un gobierno que defienda su patrimonio, que actúe con honestidad y que no proteja intereses privados frente al interés general. La época de la impunidad y del silencio debe terminar hoy».

Para el portavoz municipal del PP, Eduardo Andrade, la alcaldesa debería dimitir porque el Consistorio «se le ha ido de las manos» y, en vez de poner los medios para investigar, «hizo todo lo posible para que no se aclarara».

A su juicio, este registro viene a confirmar las «sospechas» que tienen en la localidad y es que «el PNV ha estado tapando e intentado ocultar un tema confuso, lo que ocurrió en el palacete y quitándole importancia».

El PNV y sus socios, preocupados

El PNV de Getxo ha emitido un comunicado en el que muestra su «preocupación» por estas actuaciones judiciales, asegurando que «somos los primeros interesados en aclarar cuanto antes esta cuestión». Apunta que desde el partido «siempre se ha solicitado al Ayuntamiento transparencia, colaboración y ejemplaridad en esta cuestión».

De inicio, mantiene la confianza en sus cargos institucionales en el Consistorio getxoztarra. Según los datos con los que cuenta, estima que se ha actuado «de acuerdo con los procedimientos y las normas vigentes». En cualquier caso, avanza que está analizando la situación junto con el Bizkai Buru Batzar «y ante cualquier indicio de posibles responsabilidades políticas, actuará con la mayor contundencia».

También sus socios del PSE han compartido la preocupación por la investigación judicial. Su portavoz en Getxo, Carmen Díaz, ha instado a ser prudentes y a esperar a que se «aclare todo esto y, en sentido de lo que vaya apareciendo, el Partido Socialista tomará las decisiones oportunas».

«Nosotros no somos nadie para decirle al Partido Nacionalista Vasco lo que tiene que hacer en el seno de su formación, pero sí nos preocupa mucho la situación, porque al final la ciudadanía pierde credibilidad por sus instituciones y tenemos muchos retos que sacar adelante», ha expresado.

Declaración pospuesta

Precisamente este jueves estaba prevista la declaración judicial de varios funcionarios del Ayuntamiento por esta causa, pero el juzgado ha determinado acometer antes este registro y ha dictado secreto de sumario. También ha pospuesto las declaraciones. 

Entre las personas llamadas a declarar como investigados figuran el administrador de la gestora de cooperativas, el responsable de la constructora, el  arquitecto autor del proyecto y otro profesional que participó en la actuación. También están citados como testigos un empresario que  descartó previamente la operación por no ser viable económicamente y al técnico que elaboró la Inspección Técnica del Edificio (ITE).

Dos años desde el derribo

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando se comenzó a demoler el palacete, de estilo neoclásico y construido en 1845. Entonces, agentes de la Policía Local realizaron una inspección tras las denuncias realizadas por residentes y el Consistorio ordenó la paralización de la construcción de un bloque anexo de viviendas de lujo.

De hecho, en una resolución del Área de Urbanismo, con fecha del 9 de agosto, se exigió a los promotores volver a levantar el singular palacete, donde iban a tener cabida seis de las doce viviendas de lujo previstas, para restablecer la «legalidad urbanística» y cumplir con las condiciones de la licencia otorgada.

En septiembre, el Ayuntamiento informó de la apertura de un expediente sancionador, y un mes después EH Bildu acudió a la Fiscalía. Los soberanistas alertaron de los «obstáculos» puestos por el Gobierno de PNV y PSE. 

«Seguiremos presionando para esclarecer lo ocurrido, exigiremos que se asuman las responsabilidades oportunas y presionaremos para que se proteja el patrimonio histórico de nuestro pueblo y se adopten las medidas correctoras necesarias para optimizar el funcionamiento del Área de Urbanismo y Disciplina Urbanística», manifestaron. 

La denuncia dio pie a una investigación judicial, que en noviembre de 2024 pidió un informe a la Ertzaintza. Las conclusiones de esa investigación, apuntan fuentes judiciales, ha sido determinante en el impulso de la instrucción, que se ha dilatado por una sucesión de cambios en el juzgado. En octubre pasado, la jueza al cargo entonces prorrogó la instrucción seis meses y citó a declarar a cuatro personas relacionadas, que ahora se ha suspendido.

La presión había ido en aumento en los meses previos. En marzo de 2025, el Gobierno municipal impuso una sanción de 50.000 euros a Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa, la constructora, al director de obra y al arquitecto, que, según un informe técnico, se «ahorraron» 730.000 euros al haber demolido de forma irregular el singular edificio en vez de rehabilitarlo.

En julio el Consistorio de Getxo reinició el proceso de sanción gracias a un recurso de EH Bildu, que pide una multa de al menos 730.000 euros, lo que la promotora se ahorró.

El juzgado investiga si ha existido un delito de prevaricación, que implicaría que funcionarios o políticos hubieran adoptado decisiones a sabiendas de su ilegalidad, y otro contra el patrimonio.