El día después de que agentes de la sección de Medio Ambiente y Patrimonio de la Ertzaintza registraran el Ayuntamiento de Getxo en busca de indicios de delito en la operación inmobiliaria que acabó en agosto de 2024 con el derribo del palacete Irurak Bat de Algorta, siguen en el aire las mismas interrogantes que existen desde hace ya más de año y medio. La mayoría confía en que la investigación judicial ayude a esclarecerlas y, entre ellos, como si no fuera con su partido, que tiene a tres ediles en el punto de mira de las pesquisas, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al que no consta «ninguna irregularidad» y aguarda al resultado. En todo caso, como avanzó el miércoles su organización local, ante cualquier indicio de posibles responsabilidades políticas no les «temblará el pulso en tomar las decisiones que sean adecuadas».

Hasta ahora, a escala del sexto municipio más poblado de Euskal Herria, la alcaldesa, Amaia Agirre, solo ha logrado que el tiempo transcurra, evitando cualquier comisión de investigación en el propio Consistorio, como exigía la oposición, gracias a las potestades que le otorga el reglamento municipal y a la correlación de fuerzas que existe: 9 ediles del PNV, 6 del PP, 6 de EH Bildu, 3 del PSE y 1 de Elkarrekin Podemos.

Poco ha cambiado desde el pleno de octubre de 2024, en que la mayoría de la oposición sacó adelante una moción en la que se instó a la primera edil y a su partido a que no pusieran «obstáculos» a aclarar lo sucedido en aras a la «transparencia». Los jeltzales ya adelantaron que iban a hacer oídos sordos a la demanda de la mayoría del Pleno porque pueden. Fueron sinceros en eso.

Agirre y su partido han confiado en que una dilación procesal en un juzgado saturado, acrecentada por la sucesión de jueces que han pasado, difuminaría la causa penal, pero no ha sido así. Tampoco la Ertzaintza, en labores de Policía Judicial, ha sido extremadamente diligente. Hasta hace tres meses escasos no estuvo el informe que ha impulsado la investigación, poco después de que en octubre se prorrogara la instrucción, ya que faltaban diligencias por practicar y el procedimiento estaba a punto de prescribir y archivarse. Hubiera sido un escándalo.

Casi año y medio después del derribo, la Policía autonómica solicitó el secreto de las actuaciones por un mes, que es prorrogable, y el registro de los despachos de los investigados y otras dependencias municipales. ¿Qué evidencias se pueden hallar con el tiempo que ha transcurrido?

No pasa nada pero hay nervios

«Hasta lo que nosotros sabemos, no hay nada», ha dicho Esteban ante la petición del PP para que Agirre dimita. No pasa nada. «Se ha actuado conforme a la legalidad», sostuvo el mismo día del registro la alcaldesa, siguiendo el mantra jeltzale, a pesar de que el juez sigue la pista de tres de sus concejales –Inazio Uriarte, Iñigo Urkitza e Irantzu Uriarte–, los dos primeros en la Junta de Gobierno que ella preside.

Por cierto, la pareja Inazio Uriarte-Irantzu Uriarte ya le puso en un aprieto cuando le informaron de que eran socios de la cooperativa Ereaga Atalaya que quiere construir las viviendas de lujo donde estuvo el edificio de estilo neoclásico de 1845 destruido; además, la actual concejala de Turismo, Promoción Económica, Cultura y Euskara, cuando en octubre de 2022 se otorgó la licencia de obras a la gestora de cooperativas Biurban en el solar del número 11 de la calle San Nicolás, votó a favor, no así su compañero, que estuvo ausente.

El registro en el Ayuntamiento ha provocado conmoción pero parece difícil que aparezcan evidencias año y medio después

Quien entonces era portavoz del PNV, como número 2 de la alcaldesa, ocultó su relación con el proyecto de Ereaga Atalaya hasta que informaciones periodísticas les obligaron a comunicarlo. De transparencia nada y de dar explicaciones menos, ya que la pareja implicada evitó responder a las preguntas que le formularon EH Bildu y Elkarrekin Podemos en una comisión extraordinaria que tuvo lugar el 18 de octubre de 2024 en el Ayuntamiento, aduciendo que eran de índole «privado y personal».

Lo único que ha quedado al desnudo es la fractura en el seno del PNV de Getxo. La propia elección de Agirre, nieta del primer lehendakari, levantó ampollas entre los jelkides. La gestión municipal no ha ayudado, especialmente en todo lo que ha rodeado a este caso y qué decir del puerto deportivo, con la pretensión de la Autoridad Portuaria de construir un hotel.

Un pulso interno que la dirección no resuelve

En octubre pasado tuvo lugar la segunda reorganización del Gobierno municipal, en lo que respecta a los representantes jeltzales. Inazio Uriarte, hasta entonces portavoz, fue apartado como la voz del grupo municipal, aunque mantuvo su puesto en la Junta de Gobierno, siendo en la actualidad concejal de Intervención General y Vía Pública. Los cambios se produjeron un año después de la primera reestructuración del equipo de Amaia Agirre, cuando la alcaldesa sacó de la Junta de Gobierno a Irantzu Uriarte.

Transparencia no ha habido precisamente en torno a este caso, ahora secreto, que llevó a EH Bildu a llevar el caso a la Fiscalía

Ambas modificaciones en el organigrama evidenciaron que la alcaldesa no confía en la pareja. Además, el verano pasado transcendió la crisis interna en el PNV con un pulso entre Amaia Agirre e Inazio Uriarte. En un acta de un cónclave jeltzale que tuvo lugar en agosto pasado se recogió que la primera edil manifestó: «Siempre me entero la última y aún así doy la cara, y si esto tiene que seguir así yo dimito».

En ese duelo, el Bizkai Buru Batzar ejerció de árbitro. A la vista de cómo acabó, con Inazio Uriarte en la Junta de Gobierno, quedó en evidencia que el BBB no se quiso mojar, adoptando una salida de compromiso. Ahora, según han desvelado, la Ejecutiva que preside Iñigo Ansola asesora de nuevo al PNV de Getxo ante la situación creada, pero parece, por lo declarado por Aitor Esteban, que van a esperar a la resolución judicial.