«Fue un gran error. Mi error, y lo siento», decía Mark Zuckerberg en la comisión del Senado estadounidense. Era abril de 2018 y el presidente y fundador de Facebook, el primer gran gigante de las redes sociales, comparecía por la investigación de los senadores sobre el abuso de la compañía Cambridge Analytica en la utilización de datos de millones de usuarios en favor de la campaña electoral de Donald Trump, quien ganó la presidencia en 2016 perdiendo el voto popular.

Las imágenes sobre la visita del billonario al Senado de Estados Unidos dieron la vuelta al mundo y lo que surgió de esa investigación desnudó la verdadera monetización que hacían las grandes plataformas digitales con sus usuarios, además de su intencionalidad política.

Casi ocho años después, el Congreso de los Diputados pondrá en marcha su propia serie de comparecencias para que den respuesta altos cargos de las grandes plataformas digitales. El motivo es el trámite parlamentario del proyecto de ley de mejora democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, que emana de una directiva de la Comisión Europea que ya lleva pendiente dos años y que está siendo debatida por la comisión de Economía y Transformación Digital.

Fuentes del bloque de investidura habían avanzado a NAIZ que la fecha en que comenzaría la convocatoria de altos cargos era el 23 de enero y esta semana se ha confirmado: el 23 de enero a las 12 se inauguran las comparecencias y lo harán con José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos de META para el Estado español y Portugal.

Zimmermann, quien asumió el año pasado su alto cargo en META, irá en representación de Zuckerberg, a quien el Partido Socialista había solicitado que se lo convoque, así como al director de Operaciones, Javier Oliván. Finalmente, los diputados deberán conformarse solo con uno.

Los diferentes grupos parlamentarios representados en la comisión han registrado su lista de comparecientes, pero como indica el reglamento, las convocatorias serán decididas por la Mesa (que preside el ‘popular’ Pedro Puy). Antes de las Navidades han acudido a responder preguntas académicos y Cani Fernández Vicién, presidenta de la CNMC.

META es el primero pero fuentes de la Mesa de la comisión han confirmado a NAIZ que también serán convocados Carmen Marquina (responsable de Políticas Públicas de Tik-Tok) y altos cargos de X (ante Twitter). De hecho, Vox ha solicitado que comparezca nada menos que Elon Musk, explícito activista de la ultraderecha global. Como ocurre en el resto de los casos, seguramente X enviará algún representante de su filial local.

También se espera la presencia de Juan Guisasola, por Google, y Arturo Béjar, exdirectivo de Instagram y que ha denunciado públicamente que META «no hace lo suficiente para proteger» a los menores de contenidos pornográficos y el acoso sexual virtual. 

En tanto, el grupo Plurinacional Sumar ha pedido que sean llamados a comparecer altos cargos de plataformas virtuales de compra, venta y alquiler de viviendas, como Pablo Alvarez-Cascos, de Idealista, y María Matos, de Fotocasa. También se espera la presencia en los próximos meses la presencia del Abogado del Estado, José Villar Uribarri, de representantes del sector de creadores de contenidos creativos y de dirigentes sociales como Youssef Ouled, coordinador del proyecto antiracista AlgoRace.

En un comunicado en el que anunciaba su anhelo de que el propio Zuckerberg se presentara en Madrid, el PSOE destacaba la investigación realizada por la española IMDEA Networks, la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos) en la que se reveló que META «utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dipositivos Android a través de las aplicaciones Facebook e Instagram» y ha recordado que el gigante tecnológico ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá.

El académico Narseo Vallina Rodríguez, profesor asociado  a la investigación de IMDEA, compareció el 11 de diciembre en la comisión y allí detalló el alcance de lo comprobado: el “abuso detectado” en dos proveedores, Meta y Yandex, que «hicieron una unión entre los paradigmas de rastreo con el fin de desanonimizar la actividad de los usuarios».

Abusos de META

En diciembre pasado, durante su participación en el Foro Metafuturo de Atresmedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación para «esclarecer lo ocurrido, garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados». «El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias», recalcó. 

En tanto, uno de los grandes popes de Silicon Valley que iba a ser ponente en el Congreso era nada menos que Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, la cancelación de las actividades en las Cortes durante tres días ha evitado que Gates hablara este lunes, en un encuentro que tenía la innovación y la labor de la Fundación Gates como eje. Igualmente, el magnate sí ha sido ponente en un evento organizado por el Grupo Prisa.

Fuentes del PSOE señalan que este impulso a la transposición europea y a fomentar el debate en las comisiones tiene que ver con parte de la agenda de regeneración democrática y contra los bulos que Pedro Sánchez prometió tras sus ya antológicos cinco días de abril de 2024, cuando por una carta anunció que estaba reflexionando dimitir por las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez. 

En varias oportunidades, portavoces de la oposición de derechas pero también aliados, como Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, han requerido al presidente del Gobierno medidas más concretas en la lucha contra la desinformación y de regeneración democrática. Moncloa había incluso coqueteado con la idea de un cambio den el criterio en el otorgamiento de publicidad institucional (interviniendo en las mediciones de audiencias en internet) pero no ha avanzado.

Por ahora, lo concreto, y con el paraguas de la normativa aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo en 2022, es el proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, según su nombre formal.

La proposición aspira definir unas reglas armonizadas sobre la prestación de servicios intermediarios de Internet en la Unión Europea con el fin de «garantizar un entorno digital seguro, transparente y responsable», y como una de sus mayores novedades establece un régimen sancionador.