El comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio ha acordado cinco jornadas de huelga: el 17, 23 y 26 de febrero, y el 4 y 9 de marzo, los días en los que están previstas las reuniones con la dirección para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea 274 despidos en la planta de Aiaraldea y 27 en la de Trapagaran, así como el cese de la actividad en la acería de la factoría alavesa. Además, ha anunciado paros de cuatro horas por relevo los días 18, 19, 20, 25 y 27 de febrero y 2, 3, 5 y 6 de marzo. 

Así lo han trasladado los representantes del comité a los trabajadores presentes en la asamblea celebrada esta tarde en Amurrio. En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité, Andrés García, de UGT, ha puesto en valor el diseño de una «hoja de ruta para pelear ante este ERE y conseguir su anulación».

La medida acordada dista de la vía propuesta por ELA, el sindicato mayoritario en ambas plantas, que el lunes ya abogó por impulsar una huelga indefinida, una propuesta compartida por ESK que este martes ha manifestado que «la única acción proporcional a la medida planteada, es una respuesta contundente».

«Es una clara y brutal agresión contra ambas plantillas, que pone en claro riesgo el futuro de Tubos Reunidos Group y es clara intención de aprovechar unas causas coyunturales, para despedir y reducir el empleo de calidad de la empresa y las comarcas de Ezkerraldea y Aiaraldea», ha destacado la central, que ha alertado de que se «ha jugado macabramente con los trabajadores de la antigua acería de Trapaga, que se intento cerrar en 2018 y solo se logró impedir con un huelga indefinida de aquella empresa, por entonces, Productos Tubulares».

ESK ha recordado que en 2021 se cerró, «con la promesa del traslado de los trabajadores a una acería más potente y con un mercado mucho más amplio, en Amurrio». «En 2023 fue vendida a bombo y platillo en los medios, como la mayor de las inversiones del Plan Estratégico de 2021-2026, para llevar a la compañía a nuevos mercados con la producción de nuevos aceros de alto valor añadido, para abrir nuevos mercados y con ‘la vista puesta al futuro, en la producción y transporte del hidrógeno’». Tres años después Tubos Reunidos quiere cerrarla. 

Pradales da cuenta del «mazazo»

A mediodía, durante el acto de clausura del foro ‘Leaders Meeting - Fit for the Future’, celebrado en Bilbo, el lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que el ERE de Tubos Reunidos es un «mazazo» que afecta a «cientos de vascas y de vascos y de una comarca, Aiaraldea, que está viviendo una situación difícil». «En estos momentos tan complicados, quiero que sepáis que el Gobierno vasco está a vuestro lado y que nadie merece vivir una situación así», ha indicado.

Ha subrayado que Tubos Reunidos es una empresa «de referencia en Euskadi, una empresa puntera, especializada en un sector que es y que será clave para descarbonizar la economía y para la transición energética, en Euskadi y en Europa también», y ha aseverado que la CAV necesita seguir contando «con una empresa así» en el futuro.

Para ello, según ha dicho, «es necesario que todos los agentes implicados rememos en la misma dirección para garantizar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, y también del empleo industrial». «Para superar la actual situación, todos debemos subirnos al mismo bote», ha dicho antes de apuntar que están en contacto con la dirección y con el Gobierno español, y esta misma semana se reunirán con el comité de empresa para que «entre todos, podamos decidir los siguientes pasos».

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha afirmado que mantienen contactos con responsables de Tubos Reunidos para analizar la «posible viabilidad» de su proyecto, y ha indicado que se trata de un «problema de calado, en el que diversos actores deben participar», en clara alusión al Gabinete de Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha señalado que Tubos Reunidos es una empresa que está pasando «grandes dificultades, con una deuda muy importante».

Ante el hecho de que SEPI sea uno de los acreedores de Tubos Reunidos y cuestionada por si le pedirán al Gobierno español que ayude para buscar soluciones, Ubarretxena ha manifestado que es «necesaria una colaboración público privada para analizar la posible viabilidad de un proyecto sólido, industrial de futuro y, en ese camino, debe estar también el Gobierno del Estado como ha estado en anteriores ocasiones, la relación es fluida y buena».

Por último, la portavoz de Gobierno ha mostrado su solidaridad y preocupación con los trabajadores y sus familias «que están pasando en estos momentos una situación muy difícil».