La asociación vecinal Lantzarte Bizirik, contraria a la construcción de un aparcamiento en Berango, ha denunciado la imposición de sanciones administrativas de más de 10.000 euros en total a las personas que participaron en una protesta hace nueve meses.

La plataforma medioambiental ha realizado este viernes una protesta en el frontón municipal de la localidad para rechazar «sanciones abusivas» de hasta 602 euros a los 17 vecinos y vecinas que participaron en defensa de la campa y en contra del parking de Lantzarte promovido por el Ayuntamiento local encabezado por la jeltzale Itziar Aginagalde, reelegida en mayo como candidata a la Alcaldía para las próximas elecciones de 2027.

Los hechos sucedieron el pasado 4 de agosto, día patronal y festivo en Berango. Durante una protesta vecinal, alrededor de una veintena de vecinos paralizaron las obras del parking del barrio de Lantzarte, situado en Berango. Según detallan, en el espacio verde de 2.500m2, crecieron unos frutales hace más de 30 años y constituían un espacio natural y de convivencia ampliamente utilizado por el barrio.

La agrupación, que rechaza el aparcamiento por considerar que se trata de una actuación que contraviene el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paralizó durante unas horas las obras. De este modo, intentaron defender la tala de árboles y mantener viva la zona verde de gran valor ambiental de Berango, en la que hoy está construido un parking.

Recursos en marcha

Según han aclarado, todas las personas multadas han recurrido las multas. Tal y como relatan, la Ertzaintza no actuó ante los hechos «porque no apreciaron peligro, ni desorden, ni necesidad de activar la vía sancionadora contra los vecinos y vecinas». Sin embargo, denuncian que la Policía Municipal, no siendo competente, decidió levantar un acta donde la policía competente no vio conveniente actuar.

Desde Lantzarte Bizirik consideran «especialmente grave» que las sanciones se activen después de que hayan confirmado su voluntad de seguir adelante por la vía contencioso-administrativa para esclarecer la legalidad del proyecto y depurar posibles responsabilidades. A día de hoy, el recurso se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbo.

Es por todo ello que desde el vecindario se interpreta esta actuación como un «intento de coartar y amedrentar con sanciones absolutamente abusivas y desproporcionadas para provocar desgaste entre quienes han defendido de forma pública y colectiva el patrimonio común del barrio».

Además, subrayan que, tras recibir notificaciones de sanción por más de 10.000 euros, acudieron al último pleno del Ayuntamiento de Berango «con la esperanza de despertar un mínimo de empatía por nuestra situación y obtener algunas respuestas». No obstante, señalan que se encontraron «una actitud arrogante» de la alcaldesa que acusó a dicha asociación «de mala fe, mentiras y manipulación reiterada».

Por su parte, la asociación ha reiterado su compromiso por la defensa de los espacios verdes, el patrimonio histórico-natural y una forma más respetuosa de diseñar el futuro de Berango. «No queremos volver a escuchar el crujido de los árboles al ser arrancados de la tierra», han manifestado.

«Sin embargo, durante dos años hemos intentado aportar propuestas, alternativas e ideas de manera constructiva, muchas veces sufragadas de nuestro propio bolsillo. A cambio, hemos recibido portazos, engaños, descalificaciones y acusaciones injustas», han concluido.