La Fiscalía acusa formalmente a Lula de ocultar la propiedad de un apartamento de lujo
La Fiscalía de Sao Paulo ha acusado formalmente al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio, lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras. El exmandatario ha reiterado que no es propietario del inmueble.
En la denuncia, firmada por tres fiscales, se acusa a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ocultar que son dueños de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y que no figura en sus declaraciones de la renta, según fuentes oficiales.
El apartamento está al nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, que adquirió en 2009 el edificio que había sido construido por un sindicato vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y en el que también milita la presidenta, Dilma Rousseff.
La denuncia, que no está relacionada con el interrogatorio al que fue sometido Lula el pasado viernes, supone un paso importante en el proceso contra el ex jefe de Estado pues si el juez de primera instancia decide admitirla a trámite, lo convertiría en reo.
Lula ha reiterado que no es el propietario del citado inmueble, ha admitido que su esposa adquirió una participación con vistas a una posible compra en 2005, cuando él estaba en el final del primero de sus dos mandatos, y ha asegurado que declaró esa operación al fisco.
Intentos de manchar su reputación
El abogado de Lula ha dicho que los cargos son un intento del fiscal Cássio Roberto Conserino de manchar la reputación del expresidente de Brasil.
«Conserino convirtió dos visitas a un departamento en Guaruja en una propiedad oculta», ha criticado el abogado defensor Cristiano Zanin Martins a través de un comunicado, en el que pide al Supremo Tribunal Federal que decida si la jurisdicción corresponde a fiscales del estado o federales.
El exmandatario también es investigado por la Policía en relación a otro inmueble, una finca rural en el municipio de Atibaia, también en el estado de Sao Paulo, que está al nombre de allegados y donde Lula ha reconocido que suele pasar muchos fines de semana.
La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, cree que esas propiedades podrían estar relacionadas con el caso de corrupción en la petrolera y habrían sido usadas por las constructoras para disfrazar el pago de coimas.
La defensa de Lula ha solicitado al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre el posible conflicto de competencias que existe, a su juicio, porque dos cortes diferentes investigan «los mismos hechos».
Los abogados de Lula también consideran que no existen motivos para que el caso se investigue por la Fiscalía de Paraná porque es «absurdo» establecer cualquier relación entre los inmuebles citados y los supuestos desvíos en el ámbito de Petrobras.
La acción del juez Sergio Moro, quien está a cargo del proceso del caso Petrobras, también ha sido cuestionada por el sindicato de abogados de Sao Paulo, que ha presentado una denuncia por supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en las diligencias que ordenó contra Lula.
Esa denuncia, presentada ante el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ha sido duramente criticada por la Asociación de los Magistrados Brasileños (AMB), que la considera como una «forma de intimidación a los jueces».
El pasado viernes, el juez Moro ordenó a la Policía interrogar a Lula en una comisaría para tratar de aclarar la propiedad de esos dos inmuebles y otras donaciones que recibió el Instituto Lula por parte de empresas implicadas en el caso de Petrobras.
Ese día la Fiscalía de Paraná ha anunciado que cuenta con indicios «bastante significativos» de que Lula recibió beneficios y favores de cinco constructoras implicadas en el caso.
Las constructoras son acusadas de formar un cartel para repartirse los contratos de Petrobras mediante el pago de sobornos a ejecutivos de la petrolera y a los políticos que permitieron las operaciones.
Lula se ha reunido en Brasilia con un nutrido grupo de senadores y diputados de la base oficialista a los que ha explicado su situación judicial y ha instado a mantener la «unidad» ante el posible reinicio del proceso contra Rousseff.